La tarifa plana del agua ya ha beneficiado a 46.000 familias

Donde hay agua, hay vida. La Región de Murcia padece un déficit hídrico endémico que, lejos de desmotivar a los principales agentes implicados, ha despertado en ellos la capacidad de actuación y optimización de los escasos recursos. Se trata de un patrón extrapolable a cualquier escenario, como el servicio de suministro de agua potable, en el que la concesionaria municipal Aguas de Murcia-Emuasa ha sentado precedente con las ayudas a las familias en riesgo de exclusión social. Así se puso de manifiesto en el foro de debate organizado por 'La Verdad' y Aguas de Murcia con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra hoy. Estuvo moderado por el jefe del área de Local del diario, Manuel Buitrago, e intervinieron representantes de la concesionaria, del Ayuntamiento de Murcia y del tercer sector.

El director gerente de Emuasa, José Albaladejo, remarcó la importancia del acceso universal del agua a la población, sin excepciones. «No podemos consentir que no tengan acceso a este suministro por no tener dinero», reivindicó, para, a continuación, detallar los puntos fuertes de la tarifa plana de cinco euros, que garantiza a las familias en situación de vulnerabilidad acreditada la prestación del servicio domiciliario de agua potable y alcantarillado.

Para acogerse a esta cuota, Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia estudia cada caso de manera personalizada y si el informe dicta un resultado favorable, se activa el protocolo de actuación. Eso sí, se trata de una solución aplicable mientras el consumo de agua por persona y día no supere los 110 litros.

La continuidad de este servicio la soportan «el resto de ciudadanos, que son mayoría, porque pensamos que los que más tienen son quienes deben ayudar a los que más lo necesitan; es nuestra filosofía», predicó. En números, cada recibo asume unos 0,02 euros, aproximadamente, «una cantidad inapreciable que, sumando los céntimos de muchos, ayudan a pagar las facturas de las familias con menos ingresos», argumentó. De este modo se evitan los cortes, incluso cuando el solicitante pide acogerse a la tarifa plana, ya que desde ese momento queda excluido de gestiones de suspensión por impago de facturas hasta el resultado del informe.

Normalmente, más del 90% de las solicitudes son aceptadas. Esto es, de las 3.617 demandas cursadas en 2017, se formalizaron 3.379 contratos de tarifa plana, lo que se traduce en un 39% más que el año anterior, según datos del Ayuntamiento de Murcia.

En esta línea, la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz, adelantó que en el próximo Pleno se debatirá la ampliación del espectro de la tarifa plana, incluyendo a las familias monoparentales o con algún miembro con discapacidad, tal y como se aprobó en la última Junta de Gobierno, en la que, además, se acordó una reducción del 20% para todas las familias en el tramo vital, hasta 5 m³, y dando una cobertura especial a familias en riesgo de exclusión, a las que se les aplicará una rebaja del 25% de la cuota fija de agua y alcantarillado, que podrá extenderse a la tasa de basuras. «Nuestra misión es cumplir el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU: garantizar la accesibilidad de agua, su gestión sostenible y de calidad», repitió.

También recordó la evolución de este fondo social, cuyos orígenes se remontan a 2012 con una dotación de 200.000 euros para sufragar deudas generadas por la prestación del servicio de suministro de agua potable y el saneamiento, y al que hasta el momento se han acogido 46.000 familias murcianas, con una media de 4.500 nuevas incorporaciones al año. Los contratos se revisan de manera bianual. «El Ayuntamiento, junto a Emuasa, está trabajando en mejorar y perfeccionar este sistema que fue reconocido por Naciones Unidas en 2017 como ejemplo de buenas prácticas de apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible», presumió.

El director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Murcia, Joaquín Longinos Marín, explicó el procedimiento y las conclusiones del estudio que Emuasa le encargó, con la finalidad de «enriquecer» su modelo de ayudas. Entre las propuestas, destacan la constitución de una mesa de diálogo para coordinar actuaciones entre los agentes implicados (los servicios sociales municipales, el tercer sector y la concesionaria) y la puesta en marcha de un plan de comunicación para informar a la ciudadanía del bono social.

Con todo, «el modelo actual es el que más se ajusta al que propusimos como ideal en 2017», confesó Marín, al tiempo que afirmó que «en Murcia, el derecho al agua está relativamente bien resuelto».

Ante este panorama, el director de clientes de Emuasa, Juan Cabezas, puso el acento en la mayor conciencia de ahorro en los hogares de los murcianos, cuyo consumo medio ronda los 108 litros por habitante y día, una cifra que se dispara a nivel nacional, con 132 litros. Al hilo, José Albaladejo resaltó que «penalizamos los consumos excesivos».

Por su parte, la responsable del Área Social de la Fundación Jesús Abandonado, May Penín, resaltó la cobertura de la tarifa 'Comedores Sociales' que la ONG mantiene en vigor con el Ayuntamiento de Murcia y Emuasa, a través del cual el 75% del total de agua se destina a las fuentes de abastecimiento y los servicios de ducha y ropería, que «atienden cada año a 4.000 personas», señaló.

Esta tarifa especial, precisamente, está dirigida a entidades constituidas sin ánimo de lucro (ONG, fundaciones y asociaciones) en cuyos centros, locales e instalaciones se suministre agua y se dispensen o atiendan servicios de comedor social. Ya se han acogido a este acuerdo más de una quincena de organizaciones, entre ellas Cáritas y las Hermanitas de los Pobres.

De igual modo, Cruz Roja también se beneficia de esta prestación a través de los 15 pisos repartidos por el municipio para el alojamiento temporal de jóvenes tutelados o personas refugiadas. «Nos vienen muy bien las bonificaciones», añadió el secretario autonómico de la organización humanitaria, José Luis Morera. Junto a esto, Cruz Roja concedió el pasado año 292 ayudas por valor de 20.000 euros a 152 familias, que engloban a 450 personas. El responsable, durante su intervención, recordó la «respuesta inmediata» de la institución ante situaciones de emergencia, por terremotos o ciclones, en los países que no tienen acceso al agua, con la dotación de cinco equipos de saneamiento y potabilización de agua, para evitar enfermedades y muertes.

Todos ellos coincidieron en que es fundamental promocionar esta tarifa plana, porque «cuanto más se conozca, más personas se podrán beneficiar», tal y como insistió Conchita Ruiz, quien describió esta ayuda como «un paso a la integración social». También pusieron sobre la mesa la propuesta de extender este fondo social a la factura eléctrica.

Fiel a su compromiso, Aguas de Murcia convoca cada año, y ya van once ediciones, un concurso solidario dotado de 12.000 euros que tiene por objetivo financiar los proyectos relacionados con la instalación o mejora de la infraestructura hidráulica para garantizar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento en zonas de necesidad. Hasta el momento, estos premios han supuesto un revulsivo en poblados de Camerún, Tanzania o Mauritania.