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Cualquiera que sea la decisión que acabe adoptando la magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, que instruye la pieza del 'caso Púnica' por la presunta contratación de trabajos de reputación personal por parte de quien fue alcaldesa de Cartagena, la hoy senadora Pilar Barreiro, contará al menos con el aval de haber agotado al máximo la investigación de los hechos.
La instructora no está despreciando ninguno de los testimonios que puedan servir para arrojar alguna luz sobre los hechos, por más que el fiscal que se encarga de este asunto se precipitara meses atrás a reclamar el archivo de las diligencias al no apreciar delito alguno en la conducta de la antigua regidora cartagenera.
De esta forma, en los últimos meses ha venido citando a comparecer en calidad de testigo a cuantas personas tuvieron en su día algún conocimiento sobre los supuestos trabajos de lavado de imagen que habría concertado Barreiro con empresas de la 'trama Púnica', y que presuntamente se iban a sufragar con dinero público. Desde el administrador de las firmas Eico y Madiva, Alejandro de Pedro, a antiguos empleados suyos y a personal de la máxima confianza de la entonces alcaldesa, como quien era su jefe de gabinete y su responsable de prensa.
El último en ser citado es el también exalcalde, en este caso socialista, y amigo íntimo de Pilar Barreiro, José Antonio Alonso, uno de los principales imputados en las diligencias que se siguen por 'Púnica' en la Audiencia Nacional. El llamamiento se ha efectuado en calidad de testigo, aunque le hecho de estar siendo investigado en otra pieza separada le va a beneficiar en este caso, ya que podrá gozar de los derechos que asisten a los imputados: negarse a declarar y ser asistido por un abogado, entre otros.
La toma de declaración, prevista para el día 22, se centrará previsiblemente en si Alonso, como socio de De Pedro, tenía conocimiento de los servicios ofertados a Pilar Barreiro, de qué carácter eran y cómo se iban a abonar.
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