El Supremo admite el recurso de regantes de una desaladora que se sienten «engañados»

La impugnación contra el Plan de Cuenca del Segura fue aceptada a trámite el pasado día 16, y la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo ha dado un plazo de 20 días al Ministerio para la Transición Ecológica para que remita el expediente del real decreto a los recurrentes para que formalicen la demanda. Císcar indica que la desaladora de Valdelentisco «es un caso específico», diferente de otras plantas de Acuamed, debido a los convenios que se firmaron en su día. Considera que la concesión ya le fue concedida a Acuasegura (hoy Acuamed) para producir y vender agua, razón por la cual los clientes no necesitan una nueva concesión por parte de la Confederación del Segura. Junto a las plantas de Torrevieja y Águilas, el coste del agua de Valdelentisco está subvencionado, en su caso con una tarifa base de 37 céntimos el metro cúbico.

Las cuatro sociedades afectadas que han recurrido compraron en su día un millón de metros cúbicos anuales de Valdelentisco. Desde entonces han estado recibiendo dichos caudales, basándose en el convenio que firmaron, pero denuncian que tales derechos no están reconocidos. El hecho de que estén recibiendo esos volúmenes no ha evitado que la CHS les abriera expedientes sancionadores en 2017 por no tener las concesiones, una actuación que afectó a más de un centenar de productores del Campo de Cartagena, el Campo de Murcia y Mazarrón. Debido a la falta de coordinación, Acuamed vendía agua a sus clientes -que habían participado en un proceso de concurrencia pública en la etapa de Cristina Narbona y que firmaron convenios aprobados por Consejo de Ministros-, pero luego la CHS los sancionó.

El conflicto adquirió otra dimensión tras conocerse que Acuamed vendió agua desalada de Valdelentisco para regar 22 fincas que fueron sancionadas por riego ilegal junto al Mar Menor. Seiscientas hectáreas que recibieron caudales de la empresa estatal tuvieron que restituir los cultivos a su estado original.