Sterm estima que aumentar un 10% la plantilla docente permitiría reducir ratios por el coronavirus

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (Sterm Intersindical) pidió este viernes a la Consejería de Educación y Cultura que establezca un «diálogo real» con la comunidad educativa para establecer medidas con las que garantizar un inicio del curso 2020-2021 en condiciones de seguridad y sin dejar a ningún alumno atrás. Para ello, exige un «refuerzo presupuestario» y de medios materiales y humanos.

En concreto, Sterm Intersindical estima que un aumento de un 10% de la plantilla docente, aunque sea de forma paulatina, permitiría cumplir muchas de estas medidas, como la reducción de ratios de alumnos por aula, la disminución de horarios lectivos o que haya desdobles para poder atender de manera más específica al alumnado. Esto supondría incorporar 2.000 docentes a la plantilla actual, compuesta por 20.000 profesores.

Así lo hicieron saber los miembros del secretariado de Sterm Intersindical, José Manuel Fernández, Esperanza Martínez y Cinta Gómez, quienes han presentado este viernes un documento con 25 propuestas para la puesta en marcha del curso 2020-2021 en condiciones de seguridad tras el parón motivado por la crisis sanitaria originada por el coronavirus y para no dejar a ningún estudiante atrás.

Fernández reprochó que la Consejería presentó este jueves un protocolo elaborado por la comisión mixta de las consejerías de Educación y Salud; hace una semana hizo lo propio con un Plan de Continuidad Educativa y, hace un mes, el Plan 'Reactiva 2020' que «solo incluye cuatro medidas educativas», pero lamenta que todo se ha elaborado «de forma unilateral».

Por ello, Sterm reivindica, en primer lugar, que haya una «negociación real» y que la Consejería dialogue con la comunidad educativa, tanto con los profesores como con las familias y los estudiantes. Las 25 medidas del sindicato incluyen propuestas desde sanitarias a organizativas, como el teletrabajo o la conciliación. «Son cosas esenciales para garantizar que ningún estudiante se quede atrás y garantizar la seguridad en las aulas», indicó Fernández.

Gómez lamentó que este curso «tan anómalo» haya concluido con el «cierre de los espacios de diálogo social», ya que los documentos presentados recientemente por la Consejería han sido elaborados «de espaldas a buena parte de la comunidad educativa».

Por ejemplo, criticó que el Plan de Continuidad de la actividad Educativa presentado hace una semana ha sido elaborado por un comité de expertos y es «un parche sin ninguna medida estructural y sin nada que se parezca a una transición educativa». Además, destacó que supone un «coste cero para la administración, que deja caer todo el peso sobre el profesorado».

En cuanto a la guía para el inicio del curso presentada este jueves, subrayó que ha sido elaborada por una Comisión mixta de las consejerías de Salud y Educación, de carácter técnico y sin participación de ningún docente en activo. «Vuelve a dejar toda la responsabilidad sobre los equipos directivos y el claustro, con medidas de más que difícil aplicación», aseveró.

Fernández indicó que el documento con 25 medidas es un compendio de las reivindicaciones trasladadas por los docentes, que exigen en primer lugar «canales de comunicación social con todos los agentes implicados en la comunidad educativa y a todos los niveles». Por ejemplo, piden que se garantice la presencia de toda la comunidad educativa en las comisiones de seguimiento del COVID-19, no solo los docentes.

Además, piden estrechar lazos con la comunidad sanitaria, porque ven en esta crisis «una oportunidad para abrir esos puentes, no solo para enfrentarse al COVID-19, sino para la protección de la salud».

También exigen que se modifique «el actual paradigma de la Consejería» de adoptar «medidas al coste cero». Frente a ello, piden un «compromiso presupuestario para impulsar estas medidas» y, por ejemplo, piden abordar con detenimiento la readaptación de espacios y horarios, «sin que la Administración deje caer toda la responsabilidad a los centros educativos».

Por ejemplo, Sterm se muestra en contra de que se delegue en los centros la sustitución de espacios «de primer orden» como gimnasios o bibliotecas para reconvertirlos en aulas. Al contrario, el sindicato apuesta por un plan en el que se recuperen centros educativos que se han ido cerrando en los últimos años. Incluso, se muestran dispuestos a repartir el alumnado en la red de centros públicos para que los centros masificados dejen de estarlo, pero siempre con el objetivo de reducir las ratios.

Sterm también remarca la importancia del apoyo del personal auxiliar y no docente, como los auxiliares técnicos de educación, los fisios, los conserjes o los servicios de limpieza, que «hay que reforzar en este nuevo contexto».

Fernández criticó que algunos equipos directivos «ya han dicho que no están en disposición de asumir toda la responsabilidad» que deposita sobre ellos la Consejería porque algunas medidas son «inasumibles». Así, por ejemplo, Sterm pide reforzar el servicio de prevención de riesgos laborales y cree que es un «buen momento» para que la Consejería ejerza control sobre las contratas que van a prestar, por ejemplo, el servicio de limpieza y que se cumplan todos los requisitos.

También pidió un plan de prevención del absentismo escolar «ambicioso, para que ningún estudiante se quede atrás». Y es que, añadió, entre un 7 y un 10% del alumnado «se ha quedado atrás durante esta crisis sanitaria, no se ha podido contactar con ellos». Para ponerle solución, cree que «debe haber medios materiales y humanos para atenderlos como se merecen».

«Esto está relacionado con la reducción de las ratios», según Fernández, quien recordó que se han barajado muchas cifras a este respecto y, finalmente, el Ministerio delegó esa responsabilidad en las comunidades. Sterm apuesta por reducir los horarios lectivos para que los profesores puedan atender las necesidades de este alumnado que ha perdido oportunidades en los últimos meses.

Para atajar la brecha digital, Sterm apuesta por que la Consejería garantice recursos y que llegue internet a todos los alumnos. Asimismo, también pide que la Administración garantice la privacidad del profesorado a la hora de relacionarse con estos medios, la confidencialidad de lo que se trata con plataformas específicas, y el derecho a la desconexión digital del profesorado.

«Tiene que haber conciliación, y el teletrabajo no lo implica necesariamente», lamentó Fernández, quien pide que haya reducción de jornadas sin que suponga merma salarial, así como excedencias, entre otras cosas.

En lo que respecta a los contenidos, Fernández cree que «no podemos trasladar lo que no se ha dado y ponerlo en este curso, sino que hay que hacer un análisis más exhaustivo y dar homogeneidad a las evaluaciones». Asimismo, cree que los servicios de transporte y comedor «deben de garantizarse con las suficientes medidas preventivas», y considera que «es un buen momento para que administración regional y local apuesten por transportes que eviten aglomeraciones y promuevan la salud del alumnado (bici, a pie...)».

Finalmente, Martínez pidió que la Educación se convierta en «elemento central de la estrategia de recuperación», porque «dejarla en segundo plano es un error». Y señaló que el Pacto por la recuperación económica y social firmado hace un mes «es una muestra de ello, porque solo destina un 3,33% de lo presupuestado a la Educación, es decir, 6 millones en dos años».