La sostenibilidad económica de Totana y Caravaca tiene en guardia a la AIReF

Para ello, la entidad toma como base la combinación de cuatro variables: la ratio de deuda viva sobre ingresos corrientes, el remanente de tesorería para gastos generales, el periodo medio de pago a proveedores y, como indicadores de la capacidad de retorno a una situación sostenible, el saldo de operaciones sobre ingresos corrientes y el saldo no financiero sobre ingresos del mismo carácter.

Analizados los cuatro conceptos, Caravaca de la Cruz se sitúa en riesgo, aunque catalogado como bajo, marcando la autoridad de responsabilidad fiscal un posible retorno a la sostenibilidad en un periodo igual o menor de 10 años. Totana, sin embargo, alcanza el nivel de riesgo alto, con una posible vuelta a una situación sostenible en un periodo entre 20 y 40 años. No en balde es el ayuntamiento más lastrado económicamente de los 45 de la Región.

Respecto a lo que resta de año, la AIReF prevé que las dos arcas municipales cierren 2023 con déficit. El alcalde caravaqueño, José Francisco García, disiente, y asegura que este año, al igual que el pasado, se saldrá «con la suya» y cerrará con leve superávit, «aunque algo menor del conseguido en 2022». Además, matiza que el pago medio a proveedores cerró el segundo trimestre en 25 días y no en los 35 que refleja el informe.

Por su parte, el concejal de Hacienda de Totana, Francisco Díaz Espinosa, recién llegado al área tras las elecciones municipales del 28-M, coincide con la previsión de la autoridad fiscal y cuantifica la deuda actual del Ayuntamiento en 113 millones de euros. La AIReF alerta, además, de que Totana ha tenido un incremento del gasto computable medio anual del periodo 2019-2022 de más de un 10%, por lo que la AIReF recomienda al Consistorio que limite los gastos «que no sean coherentes con los compromisos asumidos con el Ministerio de Hacienda en sus planes de ajuste». Y es que en materia de deuda, Totana prevé, al igual que la AIReF, unas ratios sobre ingresos en el entorno del 346% para este año. Este indicador ya es por sí particularmente preocupante cuando se supera el 110% de los citados ingresos, dado que a partir de ese nivel la legislación impide que las corporaciones puedan endeudarse, salvo por mecanismos adicionales que active el Estado. También lo supera Caravaca (117%).

Desde el Consistorio caravaqueño, las previsiones del alcalde y del edil de Hacienda, Anastasio Aznar, denotan cierto optimismo. Una vez aplicado el superávit del ejercicio 2022, cuantificado en 1,2 millones de euros por ambos, la deuda municipal se encuentra ahora en algo menos de 25 millones de euros.

Con un control «exigente» de los gastos corrientes, y medidas que van desde el no asumir competencias impropias hasta el aumento del éxito recaudatorio, elevado actualmente al 72%, desde el Ayuntamiento de Caravaca creen que la deuda podrá ir amortizándose a un ritmo constante. «Se han disparado» gastos corrientes como electricidad, residuos y bomberos, «de una manera incontrolada», añade el primer edil, quien asegura que hacen «malabares para no incurrir en déficit».

En este sentido, una de las medidas estrella liderada por el concejal Aznar es la elevación de la eficacia en la recaudación de tasas municipales. «Esperamos alcanzar un 85% de éxito recaudatorio sin subir impuestos, entre este año y 2024», concreta el edil.

«Tenemos que investigar cómo y por qué ha subido el gasto un 10% anual, lo que ha hecho que la situación del Ayuntamiento de Totana sea aún más crítica y precaria», adelanta Francisco Díaz. Entre otras medidas de choque, explica que van a revisar 27 millones de euros de deuda por saldos de dudoso cobro, casi 20 de los cuales corresponden a convenios urbanísticos que, «al no tener Totana Plan General, no se pueden ejecutar ni podemos exigir su pago a los promotores». El edil cree que pueden «recuperar del resto más de un millón de euros». Consciente del reto en el que está inmerso su departamento, asegura que es vital «aprobar un Presupuesto en tiempo y forma, sin contemplar obras faraónicas », pero sin que se «paralice» la actividad municipal.