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Las reclamaciones patrimoniales de ciudadanos por mal funcionamiento de la Administración vuelven a protagonizar un año más la memoria de actividades del Consejo Jurídico de ... la Región de Murcia, que presentaron este jueves el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el responsable del órgano consultivo, Antonio Gómez-Fayrén.
En el ejercicio de 2024, los ciudadanos de la Región de Murcia presentaron reclamaciones patrimoniales, principalmente en el ámbito sanitario, que de ser todas admitidas implicarían indemnizaciones por importe de 23 millones de euros. «No obstante, hay que probar el mal funcionamiento de la Administración, y es no siempre se hace», apuntó Fayrén, quien informó de que solo el 4% de las reclamaciones patrimoniales presentadas el pasado año acabó en indemnización económica para la persona que lo presentó (882.662 euros)
En cualquier caso, el presidente del Consejo Jurídico indicó que, pese a que las reclamaciones patrimoniales protagonizan el 74,49% de las resoluciones del órgano consultivo (y el 50% de estas afectan al sector sanitario), este porcentaje se reduce respecto a anteriores memorias, en las que llegó a alcanzar el 80%.
En ese sentido, como novedad el pasado año, Antonio Gómez-Fayrén resaltó que «se ha diversificado la capacidad de actuación del Consejo Jurídico», al que cada vez recurren más las consejerías del Gobierno regional y los ayuntamientos, en busca de garantías jurídicas para su producción normativa y para otros actos administrativos como la resolución de contratos y las revisiones de acuerdos nulos de pleno derecho.
«Esta institución está funcionando bien y tanto la administración autonómica como la local cada vez nos necesitan más», resaltó Gómez-Fayrén, quien pidió a los grupos parlamentarios de la Asamblea la ampliación, de tres a seis meses, del plazo máximo para la resolución de contratos.
Así, el pasado año, el Consejo Jurídico recibió 443 expedientes, de los que derivaron 345 dictámenes y 33 acuerdos. La Consejería de Salud es el principal destinatario de los dictámenes, seguido de Educación, Economía y Hacienda, y Fomento e Infraestructuras. Por ayuntamientos, los que recibieron más dictámenes, por este orden, fueron Cartagena, Murcia, San Javier, Yecla y Santomera.
Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, alertó de los «crecientes ataques» al Estado de Derecho en el escenario político nacional, ya que «estamos viendo cómo se cuestionan a diario resoluciones judiciales, e incluso derechos tan importantes como el de la presunción de inocencia».
Precisamente por este motivo, López Miras consideró «muy importante» resaltar el papel del Consejo Jurídico, que recuerda que «las instituciones estamos sometidas a la ley, el Gobierno de la Región de Murcia está sometido al imperio de la ley, nuestros procedimientos y nuestras decisiones deben ser correctos y los ciudadanos también tienen derecho a exigirlo».
Además, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó que «afortunadamente nos ampara la Justicia, la que pone cada cosa en su sitio, sin dejarse avasallar, demostrando que el cumplimiento de la ley nos obliga a todos y que no puede interpretarse a conveniencia».
En su intervención, López Miras puso en valor que el Consejo Jurídico es «un órgano fundamental en nuestro desarrollo institucional» que con sus dictámenes y acuerdos en materia de gobierno y administración «da solidez a la democracia en la Región».
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