Un socio de Nicolás Mateos asume en la Audiencia que emitieron facturas falsas

Se ha hecho esperar, pero la Audiencia Nacional sentó ayer en el banquillo a Nicolás Mateos, el promotor inmobiliario murciano que dejó cientos de afectados por la presunta estafa del 'resort' Lagoa do Coelho, en Brasil. Según precisaron fuentes jurídicas, Mateos defendió ante el tribunal su inocencia y sostuvo que, en todo momento, tuvo intención de sacar adelante su proyecto aunque la crisis económica le impidió llevarlo a término.

Los abogados defensores del promotor, Mariano Bó, Pablo Martínez Pérez y José Eduardo López, presentaron documentación para tratar de demostrar que verdaderamente existía esa voluntad de levantar el 'resort' y que no pretendía estafar a los cientos de clientes que le entregaron su dinero. Una versión que no encaja con la desgranada por la Fiscalía, que solicita para el empresario una pena de casi 9 años de prisión por presuntos delitos de estafa o apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.

El acusado incidió, a lo largo de su declaración, en el papel que jugó en este proceso la promotora Torrevisa-Masa, que compró el 40% de su promoción. Según precisaron fuentes jurídicas, tal y como ya afirmó en una entrevista concedida a este diario tras la debacle, Mateos sostuvo que esta firma no le aportó lo que le habían prometido y descargó en ella gran parte de la responsabilidad.

Según precisaron las fuentes, sin embargo, Mateos no pudo arrojar demasiada luz sobre el paradero de la suma que recibió de los compradores. La Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen que el promotor percibió unos 15 millones en entregas a cuentas y que, al menos, 9,6 millones habrían acabado en un destino desconocido mediante 348 transferencias que el promotor habría realizado a otras cuentas de las que era titular.

El promotor estaba acompañado en el banquillo por los hermanos Segundo y Francisco C. L., acusados de suministrarle facturas falsas a Mateos para que este pudiese defraudar al fisco. El fiscal asegura que, de este modo, el empresario logró desgravarse ilegalmente 94.145 euros en 2006 y pedir en 2007 la devolución de 156.591 euros, aunque no lo consiguió al detectar los funcionarios de Hacienda esas facturas.

Uno de estos hermanos, Francisco C. L., defendido por el letrado Raúl Pardo-Geijo Ruiz, reconoció ante el tribunal la utilización de esas facturas falsificadas y aseguró que accedió a ello para poder cobrar el dinero que Mateos le debía.

El Ministerio Público reclama dos años y nueve meses de cárcel para cada uno de los hermanos. La vista continúa hoy con algunos testigos.