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Juzgarán a Caco Senante y Teddy Bautista por pagos irregulares en la SGAE

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para los acusados y el pago de 62.000 euros por responsabilidad civil

A. P.

Jueves, 14 de julio 2016, 01:36

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó ayer la apertura de juicio oral para el compositor Caco Senante, el expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista y los directivos Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro por supuestos pagos irregulares. La Fiscalía Anticorrupción reclama para cada uno de los acusados dos años y medio de cárcel por el pago supuestamente ilegal de 30.354 euros por parte de la SGAE a Caco Senante y por la compra de un instrumento -un timple canario- por 20.000 euros cuando su valor era de 3.270 euros.

En concepto de responsabilidad civil, el juez pide a los tres principales acusados que en el plazo de tres días paguen una fianza de 62.079 euros cada uno, y de 40.472 euros en el caso de Gómez Piñeiro, a quien se considera cómplice de estos hechos, circunstancia que, de confirmarse, llevaría al fiscal a demandar que en ese caso se le condene a una pena más baja que al resto: un año y tres meses de prisión.

Senante comenzó en octubre de 2010 a prestar tareas de representación de la SGAE en Canarias «sin habilitación, encomienda, ni mandato alguno formal» por parte de la entidad. Fue en ese mes de octubre o noviembre cuando se reunió con Bautista y Gómez Piñeiro (director de comunicación pública) y acordaron contratarle por un año, «decidiendo expresamente que no pasara el asunto y su eventual aprobación por el Consejo de Dirección».

«Para ello simularon un procedimiento legal de contratación» que justificaba el pago de una cantidad mensual, «a modo de salarios», «legitimando así la indebida salida de fondos de la SGAE en beneficio de Senante». Para autorizar esos pagos, Acoaga pidió a Senante que en las facturas tenía que figurar como emisora la empresa Algo Distinto -propiedad del cantante- y como receptora la SGAE, siendo el concepto de facturación «por la prestación de servicios de asesoramiento en actividades relacionadas con organismos e instituciones públicas, con medios de comunicación y con los socios de la comunidad canaria».

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