Así viajan nuestros políticos

A buenas horas va a ir José Antonio Monago a por recibos al Senado: muchos papeles le van a tener que entregar para poder justificar sus 32 viajes a Canarias en año y medio y las visitas a una colombiana explosiva que ya ha hecho dimitir a Carlos Enrique Muñoz, el diputado del PP que la rondaba últimamente a cuenta del erario público. En realidad, ya da igual lo que Monago haga y diga, porque ha sido responsable del enésimo escándalo que vuelve a cargar de razones a quienes ven en los políticos a una cuadrilla de derrochones que se da la vida padre mientras el resto las pasa canutas. El frenético trasiego aéreo del presidente de Extremadura llama de nuevo la atención no solo sobre las ventajosísimas condiciones de trabajo de diputados y senadores sino, principalmente, sobre la absoluta falta de control con que siguen actuando.

La posibilidad de viajar sin límite siempre en primera, en avión, tren o barco, forma parte del régimen económico y de las ayudas de sus señorías, un documento donde vienen especificadas algunas de las singularidades que hacen que su cargo sea un momio a ojos del común de los mortales. Indemnizaciones por gastos de alojamiento, dietas por desplazamiento, 3.000 euros al año para taxis, barra libre de teléfono e internet conexión ADSL en casa incluida, móvil a la última y tablet, son solo algunas de las ventajas de que disfrutan. Una serie de facilidades que les ayuda a cumplir su misión, pero que se convierte en un insulto al contribuyente si son mal empleadas. No todo el mundo entiende que un diputado elegido fuera de Madrid reciba más de 1.800 euros mensuales por el trastorno de trabajar en la capital aunque tenga allí un piso 62 lo hacen y solo Toni Cantó renunció a este plus, como no es fácil justificar que ese Ipad regalado sirviese a dos señorías del PP para jugar a Apalabrados en plena sesión. O que cada año hubiese que reponer una treintena de tablets porque decían que se les perdían o que los billetes gratis se empleasen en hacer turismo o que algunos familiares utilizasen las tarjetas del taxi.

Transparentes a la fuerza

La sensación que tiene cualquiera es que cada nuevo paso que hace más transparente el trabajo de los representantes políticos viene precedido de un escándalo. A partir de ahí, es comprensible que ahora se alcen voces entre los propios partidos reclamando mayor control sobre los viajes de los parlamentarios, algo que, por otra parte, siempre han podido hacer, independientemente de que existiese un reglamento que les obligase a ello. Esa ha sido la práctica habitual en UPyD, una formación que publica en su web la agenda de sus diputados a excepción de la de Rosa Díez que, por cuestiones de seguridad, se cuelga con posterioridad. «Entendemos que nuestros diputados deben hacer una labor extraparlamentaria, de contacto con la sociedad civil, y por eso viajan tanto», explica una portavoz del grupo, que anuncia que a partir de ahora incluirán además información detallada de los viajes de todos sus diputados, especificando tanto el destino como el motivo del desplazamiento e incluso el tipo de acto que se celebra.

También los socialistas han reaccionado con rapidez: van a proponer que se reforme el reglamento de la Cámara «para que los diputados justifiquen sus desplazamientos a provincias distintas por la que han sido elegidos y que especifiquen las razones políticas y parlamentarias de los mismos», contestan desde su grupo en el Congreso. Más allá de todo eso, Ximo Puig, líder de los socialistas valencianos y diputado por Castellón, cree que «todo el mundo sabe lo que está bien o mal al margen de que haya algún tipo de reglamentación. No se trata de que haya una reglamentación exhaustiva, sino un código ético».

A él, el asunto le suena lejano: cuenta que solo ha cogido una vez el avión «para dar una conferencia sobre federalismo en Las Palmas» y que su medio de transporte habitual es el AVE. «Desde el primer día viajo en turista, porque me parece lo razonable: aunque al Congreso le cueste lo mismo, no resulta conveniente», reflexiona.

Los presupuestos del Congreso de este año ascienden a 83,9 millones, e incluyen una partida de 6,7 millones para vuelos, billetes de tren y gastos de aparcamiento, además de otro medio millón para gastos de kilometraje. Los gastos de transporte y aparcamiento de los miembros de la Mesa se comen otros 180.000 euros. Las cifras de la Cámara Alta, aunque no se han dado a conocer, parece que son similares.

A Narvay Quintero, senador de Coalición Canaria, el revuelo también le ha encontrado preparando una propuesta que obligue a sus colegas a justificar sus idas y venidas. En su caso están claras. «Yo soy del Hierro, y tengo que dormir en Tenerife a la ida y a la vuelta porque no hay vuelo directo. Aun así, mi dieta es igual que la de alguien de Toledo o Segovia, algo completamente injusto desde mi punto de vista, porque no es equitativo. De todas formas, nunca se ha reclamado porque tampoco decimos que se nos pague poco».

Los viajes discretos

En el PNV no tienen tan claro que haya que dar tantas explicaciones. Su portavoz en el Parlamento, Aitor Esteban, cree que deben ser los propios grupos los que controlen a sus miembros. No por pretender escapar a esa supervisión, sino porque en ocasiones es necesario moverse con discreción, como cuando hay que reunirse con representantes de otro partido para buscar una coalición. Duda, además, de la eficacia de presentar recibos de un viaje: se puede adjuntar la factura de un restaurante como si se tratase de una comida de trabajo aunque, en realidad, se haya estado «con la querida».

El PP se quedó solo ayer defendiendo que las cosas sigan como están a pesar de que ha sido uno de los suyos el causante de todo este alboroto, una postura que se fue suavizando a lo largo de la jornada. Dolors Montserrat, vicepresidenta segunda del Congreso, decía por la mañana que hay «máximo control desde la Intervención General» de los viajes de los diputados. «Pongo la mano en el fuego por todos ellos. Somos gente muy responsable y muy austera», enfatizó ante los micrófonos de Radio Nacional. Algo menos entusiasta, Jesús Posada, presidente del Parlamento, declaró que, en su opinión, «los grupos pueden estar mejor preparados y son más idóneos para controlar la actividad de los diputados». En todo caso, advirtió de que él no estaba dispuesto a ejercer esa función. «No me parece que deba ser la Presidencia, ni el Congreso en general, el que haga ese control, cuando se trata de actuaciones políticas que se hacen desde cada partido». Se mostró incluso conforme con que los diputados utilicen estos medios para desplazarse y acudir a actos del partido, al entender que forman parte del juego político.

Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, fue el encargado de terminar la maniobra de cambio de rumbo: «Esto no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad. Deben tener posibilidad de desplazarse en el ejercicio de su función, y lo lógico y normal es que se ejerza con responsabilidad y libertad», algo que, por otra parte, nadie había cuestionado. Acabó diciendo que su grupo está conforme con que se corrijan los abusos que se puedan producir y dispuesto a escuchar las propuestas del resto de las formaciones: «Estamos abiertos».