El SMS admite la necesidad de medidas «para garantizar la adecuada tramitación» de las contrataciones

La resolución publicada ahora por el SMS modifica una instrucción que desde 2014 regula los «procedimiento y operatoria contable a seguir en la ejecución de los gastos» en las diferentes áreas de salud. En concreto, se crea una vía para la «autorización de suministros y servicios en espera de licitación (ASSEL)», que debe ser excepcional y que en principio estará en vigor «en tanto en cuanto por el Servicio Murciano de Salud no se adopten las oportunas medidas técnicas y organizativas tendentes a garantizar la adecuada tramitación de los expedientes de su competencia conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de contratación». Esta resolución, firmada por la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, supone un reconocimiento expreso de la necesidad de poner orden en las contrataciones. Mientras esto llegue, y «en aras a garantizar el derecho a la protección de la salud», «podrán formalizarse pedidos y tramitarse el pago de facturas conforme a las reglas generales» y sin la previa licitación, «por el tiempo indispensable hasta la tramitación del correspondiente expediente, con el límite de doce meses y sin posibilidad de prórroga».

Esta vía «se contempla específicamente» para dos supuestos: «resolución de un contrato que obligue a tramitar otro expediente y por el tiempo que transcurra hasta nueva adjudicación», y cuando no sea posible una prórroga de un contrato pese a estar prevista en el mismo, lo que «obligue a tramitar un nuevo expediente». En todo caso, la resolución deja la puerta abierta a que esta vía pueda utilizarse en otros supuestos diferentes, siempre y cuando haya «circunstancias excepcionales y previa justificación». La directora gerente del SMS advierte de que «en ningún caso este supuesto excepcional podrá ser motivo de justificación para dilatar o retrasar la tramitación del expediente de contratación que corresponda».

La publicación de esta resolución coincide con el inicio, en la Asamblea Regional, de la Comisión Especial de Investigación sobre derivaciones presuntamente irregulares del Servicio Murciano de Salud a la sanidad privada. En su primera sesión, este lunes, la diputada del PSOE Marisol Sánchez Jódar señaló que esta resolución del SMS «viene a darnos la razón a nosotros y al Tribunal de Cuentas, en cuanto a que no se estaban realizando las derivaciones dentro del marco legal establecido». Para Sánchez Jódar, se trata de un intento del SMS de «solventar el lapsus legal en el que vienen incurriendo». No obstante, la diputada advirtió de que esta nueva reglamentación «podría facilitar prácticas opacas o adjudicaciones discrecionales si no hay supervisión efectiva

La comisión contó este lunes con las comparecencias de Juana Fernández, directora médica del área I (La Arrixaca) entre 2019 y 2024, y José Sedes, gerente del área II (Cartagena). Ambos directivos defendieron la «transparencia» con que se llevan a cabo las derivaciones, y negaron cualquier irregularidad. «Durante mi etapa como directora médica, las derivaciones se realizaron siempre amparadas en la Ley General de Sanidad», subrayó Fernández. El procedimiento -añadió- garantiza «la trazabilidad, transparencia y control» de las externalizaciones. Previamente a estas derivaciones, «analizábamos la realidad asistencial del momento junto con los servicios clínicos, revisando datos objetivos» como la lista de espera o «la disponibilidad de camas», detalló la exdirectora médica de La Arrixaca. Además, «se exploraban diversas estrategias para aumentar la capacidad del sistema con los recursos propios, como el autoconcierto» (jornada extraordinaria para reducir listas de espera).

«El uso de conciertos no es una decisión improvisada ni discrecional, es una herramienta legal recogido como mecanismo garantista en el decreto de plazos máximos de espera», añadió Juana Fernández. Para cumplir con estos tiempos resultan insuficientes los medios propios, explicó, sobre todo en un hospital como La Arrixaca, que es referencia regional para múltiples procesos complejos. Esto obliga a focalizar los recursos propios en las intervenciones y pruebas más complejas, mientras se derivan otras más sencillas, detalló.

La oposición se mostró muy crítica con la gestión de las derivaciones. «El Tribunal de Cuentas detectó numerosos expedientes de gasto sin contratación en La Arrixaca», denunció la diputada socialista Marisol Sánchez Jódar. «Por ejemplo, se hace referencia a la derivación de pacientes para diálisis con un contrató que finalizó hace diez años». También se facturaron más de 3 millones en pruebas de imagen «sin el correspondiente contrato», aseguró. Sánchez Jódar advirtió asimismo de la concatenación de contratos menores, que no pueden superar los 15.000 euros, con un mismo proveedor. La diputada socialista lamentó, además, que haya equipos de última tecnología adquiridos con fondos europeos a través del Plan Inveat del Ministerio de Sanidad «sin utilizar por falta de personal técnico». En concreto, Sánchez Jódar se refirió a la situación en Oncología radioterápica, que dispone de cinco aceleradores lineales «que siguen sin utilizarse al 100%, mientras se sigue derivando pacientes a la concertada».

Desde Podemos, María Marín advirtió de que el informe del Tribunal de Cuentas detectó «derivaciones al margen de la ley por valor de 23 millones». «Algunas de estas derivaciones se han producido sin los informes preceptivos previos que justifiquen la ausencia de medios propios. Es bastante escandaloso que se recurra a medios privados teniendo recursos propios que en muchos casos no se están utilizando», denunció.

Por su parte, María Eugenia Sánchez Pérez, de Vox, preguntó «quién autorizaba derivaciones con contratos vencidos, que no garantizaban la publicidad y libre concurrencia».

Frente a las críticas, la diputada del PP María del Carmen Ruiz Jódar puso el acento en el «déficit estructural de especialistas», un problema que obliga a recurrir a derivaciones en determinados servicios, señaló. Ruiz Jódar defendió, en todo caso, que las derivaciones son «una herramienta legal y habitual en todas las comunidades, aunque algunos las demonicen». El PP también destacó que el Tribunal de Cuentas ha concluido que no hay «indicio alguno de alcance contable» en los expedientes analizados en La Arrixaca.