La singapurense asesinada en Abanilla había nombrado al acusado beneficiario de sus ahorros

Cerca de dos meses después de que el cuerpo de Audrey Fang apareciese cosido a puñaladas en un bancal de Abanilla, la investigación del crimen de la arquitecta singapurense ha dado un nuevo paso de gigante. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cieza acaba de recibir un informe emitido por un organismo de este país que confirma que la víctima había nombrado meses atrás al supuesto autor del crimen, Ong Mitchell, beneficiario de sus ahorros en caso de fallecimiento. Este documento viene a apuntalar las sospechas de una posible motivación económica del asesinato que acompañan a la familia de Fang desde el inicio de la investigación.

El escrito de la Central Provident Fund Board -la junta central de provisión de fondos- de Singapur, fechado el pasado día 16 de mayo, es el final de un camino que los allegados de Fang iniciaron después de que la Guardia Civil hallase en la 'tablet' de la víctima un enigmático mensaje. «Deseo aclarar que mi decisión de nominarlo para mi CPF (Fondo Central de Previsión) se tomó porque usted es mi amigo desde hace mucho tiempo y mi confidente de confianza», clamaba el texto, tal y como adelantó LA VERDAD.

Estas palabras, alojadas en el dispositivo electrónico de la turista asesinada, que quedó olvidado en el hotel de Jávea donde se alojaba, estaba fechado semanas antes de producirse el crimen y abría la puerta a numerosos interrogantes que comienzan a despejarse. El CPF es una parte crucial de la planificación financiera en Singapur, un plan de pensiones o fondo de inversión público. La nominación es un proceso para especificar quién recibirá los ahorros de ese fondo en caso de muerte y es independiente del testamento. En el texto hallado en la 'tablet' de la víctima, además, ésta supuestamente agradecía a ese destinatario entonces desconocido un supuesto «préstamo amistoso de 50.000 dólares basado en nuestra amistad pasada», una aportación que, remarcaba, no guarda relación con la nominación en el CPF.

Los investigadores del Instituto Armado mostraron el texto a la familia de Fang, que aseguró desconocer por completo este asunto y mostró sus dudas sobre su veracidad. La prima de Fang explicó a los guardias que en su país retienen el 16% de su salario para destinarlo al CPF y ese dinero solo se puede cobrar cuando uno se retira o por los beneficiarios en caso de fallecimiento.

Los allegados de la víctima decidieron, entonces, bucear en el asunto y reclamaron información a la junta central de provisión de fondos para confirmar si, efectivamente, Fang había nombrado algún beneficiario de ese CPF y cuál era su nombre. La respuesta de este organismo no se hizo esperar y confirmó las peores sospechas. La víctima del crimen había nombrado a Ong Mitchell beneficiario del 100% del dinero que acumulaba en esta especie de fondo de inversión, un montante que, además, el sospechoso del crimen podría obtener en efectivo. La información posterior obtenida por la familia reveló que la arquitecta acumulaba hasta 340.000 euros en este depósito.

El escrito de este organismo singapurense pone de relieve que entre la víctima del crimen y el acusado, actualmente en prisión provisional, existía un vínculo, al menos, económico. Este nexo salió a relucir, además, hace unas semanas cuando el juzgado ciezano que conduce la investigación citó a las partes para asistir a la visualización del teléfono del sospechoso. Una autorización que se ceñía únicamente a aquella información que apareciese en el móvil de Mitchell que pudiera guardar relación con el crimen pero que puso de relieve, tal y como explicaron fuentes cercanas a la investigación, que, ya en octubre de 2023, medio año antes del crimen, Fang y Mitchell habían intercambiado algún mensaje de WhatsApp en el que el hombre le agradecía que lo hubiese nombrado como beneficiario de sus ahorros.

La magistrada que conduce el caso ya dio pasos hace unas semanas para bucear de lleno en los posibles vínculos económicos que pudieran existir entre ambos. La instructora, tal y como avanzó este diario, ha pedido a Singapur que facilite información bancaria, patrimonial y económica tanto del presunto autor del crimen, el singapurense Ong Mitchell, como de la víctima. El cometido, según remarcó su auto, es tratar de constatar la relación que existía entre el sospechoso y la víctima y si el investigado actuó motivado por «fines de naturaleza económica». Un objetivo que cada vez cobra más sentido.

La jueza lanzó una comisión rogatoria para reclamar a las autoridades singapurenses «información bancaria, movimientos e historial de cuentas aperturadas» tanto por el sospechoso como por la víctima. Señaló como especialmente relevante la información referente al CPF de cara a determinar si la víctima había nombrado a Mitchell como beneficiario. Una posibilidad que este informe ya ha confirmado,

La jueza está a expensas no obstante de recibir más información «referente a seguros de vida, fondos o cualquier activo financiero o bancario que hubiese contratado la víctima y, en su caso, la identidad del o los beneficiarios de ellos, en caso de fallecimiento».

Poco a poco el avance de las pesquisas va arrojando algo de luz sobre la relación que existía entre la víctima del 'crimen del bancal' y su supuesto homicida, pero los interrogantes sobre ese nexo siguen aún sobrevolando. La instructora del caso ha aceptado recientemente la declaración de dos testigos desde Singapur. Se trata de dos allegados a la víctima que han sido propuestos por el abogado de la acusación particular, Manuel Martínez, que representa a la familia de la fallecida.

La Guardia Civil tiene por delante una ardua tarea a la hora de analizar el contenido de los discos duros del presunto autor del crimen, el singapurense Ong Mitchell, y de la víctima; y la información extraída en el volcado del teléfono móvil del supuesto homicida.

La instructora encargó esta labor al equipo de delitos tecnológicos (Edite) de la Guardia Civil de Murcia, que deberá transmitir luego los datos recabados al Grupo de Homicidios para la elaboración de un informe. La información contenida en los aparatos tecnológicos de ambos puede aportar abundante información sobre la relación que existía entre ellos.

La jueza fundamentó la pertinencia de esta medida en la retahíla de pruebas que apuntan a Mitchell como presunto autor del crimen. «No nos encontramos con una mera sospecha, si no en la constancia de claros indicios objetivados» de la participación del sospechoso, subraya. Estos se desprenden tanto de las grabaciones de las cámaras, de los datos aportados por los operadoras de telefonía que daban cobertura al lugar de los hechos, así como de «múltiples sospechas fundadas».

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