Los sindicatos elevan la presión a la patronal y abren la puerta a las huelgas

Antonio Jiménez, secretario general de UGT, apunta que hay «15 convenios colectivos en los que no se han negociado las condiciones en los últimos diez años». «Esos sectores son los que necesitan de una manera acuciante ser revisados y que, consecuentemente, se adapten los salarios. No podemos permitirlo», afirma.

Hasta el mes de julio se firmaron en la Región 15 convenios sectoriales que afectan a más de 74.400 trabajadores, y 32 de empresa para casi 5.000 personas más, con una subida del 2,17% y 1,99%, respectivamente. No es un gran resultado si se tiene en cuenta que Solo el convenio de la hostelería, que sigue bloqueado, afecta a 35.000 asalariados.

Para el total de los trabajadores de la Región, la subida promedio negociada ha sido del 2,16%, mientras el IPC se sitúa en el 11,4%. Así, los sindicatos ven indispensable que la patronal asuma que deben producirse subidas salariales intensas para paliar el empobrecimiento de los trabajadores por los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania.

«Ya está bien de victimismo por parte de las empresas –asegura Santiago Navarro–. Sé que no es fácil en cada uno de los sectores, pero también soy consciente de que las empresas en general están teniendo más beneficios con respecto a 2021 y 2020, lo que quiere decir que la economía está creciendo, más lento, pero está creciendo, y no puede crecer solo por un lado, en la parte patronal».

Para CC OO, los empresarios «tienen que entender que a los trabajadores también hay que darles una parte de esos incrementos que han aplicado en los precios para que el IPC esté hoy como está. Lo que no puede ser es aplicar incrementos cuando los salarios no se han movido».

«No estamos dispuestos a permitir que en esta región se cobre de una manera muy generalizada el salario mínimo interprofesional (SMI) –explica Jiménez–, porque claro, ese sí que está creciendo, y ya ha superado las tablas salariales de muchos convenios colectivos en la Región de Murcia». Además, el objetivo es hacer subir de nuevo ese SMI, hasta alcanzar el 60% del salario medio en España, «como establece la carta social europea». «Incrementarlo no ha tenido nunca un efecto negativo en el empleo, ni siquiera en los momentos en que llegó a crecer un 22%. Es un asunto de justicia social, y se trata un instrumento que le viene muy bien a las economías, porque lo que hace es impulsar el consumo de los trabajadores, del que viven las empresas», dice Jiménez. Por su parte, Navarro destaca el doble golpe que la crisis de 2008 y la última reforma laboral del Partido Popular, que califica de «muy dañina», han supuesto para el avance de las condiciones de los trabajadores en la Región de Murcia, y celebra los avances vividos desde la aprobación de la última normativa estatal. «Antes en Murcia solamente el 7% de la contratación temporal registrada correspondía a contratos indefinidos. El 93% eran temporales», señala Jiménez. Según las cifras correspondientes al mes de agosto, el reparto es ahora de 48% y 52%. «Es algo muy importante que nos permitirá alejarnos en la Región de las tasas de temporalidad que hemos tenido hasta ahora, que han llegado a ser del 33% de la contratación laboral registrada. Ahora ha cambiado mucho, y se han incrementado los contratos fijos discontinuos en más de un 400%, es un gran avance», apostilla.

Jiménez tiene claro que este mes de septiembre que comienza estará caracterizado por «una movilización generalizada». «Esto es un problema nacional y regional, pero especialmente regional, ya que nuestros salarios estaban a una distancia antes de la guerra de Ucrania de unos 11 puntos porcentuales con respecto a la media nacional, con lo cual aquí se sienten más necesarias que en ninguna otra parte esas medidas para conseguir que los salarios sean dignos».

No solo se trata de los salarios. «Hay aspectos de la reforma laboral como el control horario, las estabilidad en el empleo, los planes de igualdad o la regulación del teletrabajo que hay que desarrollar ahora en los convenios», advierte.

La idea de un otoño en pie de guerra ha encontrado voces a favor incluso en el propio Gobierno de la Nación, donde la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha posicionado explícitamente del lado de los sindicatos. «Tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal», aseguró la semana pasada.

«La postura de la ministra es equilibrada, de visión conjunta del sistema productivo como algo de necesaria colaboración por parte de los empresarios y los propios trabajadores», valora Jiménez. «Las considerables pérdidas de poder adquisitivo que estamos teniendo no le vienen bien tampoco a las empresas, porque eso lo que hace es ralentizar la economía y el consumo», puntualiza.

Navarro le pide a Croem trabajar «en el acuerdo de negociación colectiva regional, que venció en diciembre de 2020. Ha pasado ya un año y medio». «Hay que mejorar las condiciones de trabajo, no solo es bueno para las empresas, sino para toda la economía», concluyen.