Los sindicatos advierten de que la economía sumergida «dinamita» el estado de bienestar

Para atajar esta problemática se lanzó en 2012 el primer Pacto de Lucha contra la Economía Irregular, un plan de choque que ha vuelto a salir a la palestra en las últimas semanas. Las consejerías de Economía y Empleo se reunirán mañana con los agentes sociales para abordar un calendario de los grupos de trabajo y las acciones para desarrollar un segundo pacto que sea más efectivo que el anterior.

«Es imprescindible contar con estos inicios de evaluación del plan de lucha contra la economía sumergida de una evolución del plan anterior, que se centró en la tarea de interconectar los distintos datos entre las administraciones. Es una herramienta eficaz, pero el procedimiento que se utilizó a través de convenios con las corporaciones locales no ha obtenido el fruto que se pretendía», explica Antonio Jiménez, secretario regional de UGT. Además, considera que el pacto tiene que ir mucho más allá. «Incorporar acciones de tutela, asesoramiento, de apoyo y también de ayuda para que determinados sectores y unidades productivas que están en la economía sumergida sean capaces de salir y sumarse a la regular», sostiene Jiménez, quien hace énfasis en el perjuicio que genera esta lacra.

Por su parte, CC OO lamenta que todavía hay un elevado porcentaje de economía sumergida en la Comunidad. «En el caso de la hostelería, se detectó que una parte importante de trabajadores se hallaba sin vínculo contractual, desarrollando jornadas completas, pero a tiempo parcial, e, incluso, sin dar de alta», asegura Víctor Romera, secretario de Empleo de este sindicato. Además, «no es casual que la nómina no refleje todo lo que gana un trabajador; luego tiene una repercusión negativa en su prestación de la Seguridad Social como, por ejemplo, en la pensión. Pero también las arcas públicas se resienten, vía impuestos porque se recauda menos, y logran así que dinamite el estado de bienestar», apuntala Romera. Subraya que, en la reunión con los demás actores implicados, en el que también está Inspección de Trabajo, deberían participar la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

En 2022, la Inspección de Trabajo identificó unos 2.600 casos de trabajadores en la economía sumergida, frente a los 2.341 del año anterior. De ellos, 1.011 estaban sin dar de alta en la Seguridad Social, otros 126 sin estar de alta y cobrando una prestación por desempleo y 500 extranjeros sin permiso de trabajo, indica Fernando Vélez, director territorial de este departamento que cuenta con 29 inspectores (5 más que el pasado año) y 34 subinspectores. También señala que hubo 73 casos que conllevaron una sanción por obstrucción. «Técnicamente no se puede decir que sea economía sumergida, pero un trabajador que no es identificado y se niega a serlo suponemos con un cien por cien de seguridad que no está dado de alta», precisa Vélez.

También se detectaron 882 altas inducidas, es decir, personas a las que no se pudo dilucidar si estaban prestando servicios a una empresa y se dieron de alta cuando estaban siendo investigadas. Vélez cuenta que durante la campaña de estrés térmico en las empresas comprobaron que muchos trabajadores dejaban sus puestos porque se encontraban en situación irregular. En estos momentos, la Inspección de Trabajo está llevando a cabo una campaña en la hostelería por las celebraciones de bautizos, comuniones y bodas, pero también en otros sectores como la agricultura, el comercio y el hogar. Además, el Ejecutivo autonómico ha encargado que el CES actualice el último informe realizado sobre la economía sumergida en la Región.

El alto índice de desempleo continúa siendo la principal preocupación de los sindicatos de la Región de Murcia; en concreto, los parados de larga duración, que alcanzan el 34%. Además, creen que la creación del empleo se ha estancado porque el mercado laboral ha dejado de absorber la demanda. «Hay sectores que están pidiendo mano de obra, pero los parados registrados en las oficinas del Inem no tienen la formación necesaria», explica Ascensión Ludeña, secretaria de Empleo y Formación de UGT. La sindicalista considera que «se debe hacer hincapié en ofrecer una formación individualizada a los desempleados para que puedan adaptarse a los sectores productivos». Tampoco cree que las empresas murcianas deberían contratar en origen y, en cambio, apostar más por mejorar las condiciones laborales y potenciar la especialización de los trabajadores con el objetivo de que puedan optar a esos puestos de trabajo, que están vacantes en la actualidad.

Como ejemplo, expone, pagar a ciertos parados la formación, como el permiso de conducir camiones, un sector que está necesitando mano de obra. Ludeña alerta de que «en la contratación en origen no se dignifican las condiciones laborales de los trabajadores, ya que se ofrecen sueldos todavía más bajos de los que se les deberían pagar». Por este motivo, el sindicato se niega a que el catalogado de ocupación de difícil cobertura del Servicio de Empleo y Formación se amplíe para que realmente se pueda impartir esa formación específica. «Reivindicamos orientadores labores individualizados, estudiar cada caso y hacer un seguimiento del parado», prosigue Ludeña.

El secretario de Empleo de CC OO, Víctor Romera, señala que una de las soluciones pasa por resolver la negociación colectiva de los convenios, de los que más de la mitad siguen sin renovarse desde hace años, para que vayan parejos al incremento de la vida. «Si somos capaces de dignificar los salarios, nuevamente nuestro mercado de trabajo podrá crear empleo, ya que los trabajadores dispondrán de más dinero y así se aumentará el consumo, de lo que dependen las empresas de la Región», explica Romera.

El Gobierno regional también cree que se debe adecuar la oferta formativa a la demanda de las empresas y ofrecer una alternativa a aquellos jóvenes que no quieren continuar estudiando. Entre sus objetivos se marca mantener la proporción de que al menos el 75% de las personas que participan en acciones de formación para el empleo formen parte de colectivos con más dificultades; que la tasa de paro juvenil esté por debajo del índice nacional; que el porcentaje de personas desempleadas de larga duración no exceda de una tercera parte del total de personas paradas; y pasar de un 30% a un 40% las atenciones de orientación que incluyen un itinerario personalizado.

Las centrales sindicales de la Región se unen hoy con motivo del Día Internacional del Trabajo para reclamar una vez más la dignificación de las condiciones laborales. Primero, en una marcha desde Alcantarilla que sale a las 8 horas y, después, en una manifestación, convocada a las 11 horas en la plaza de la Fuensanta de la capital murciana, CC OO, UGT y USO pedirán que se reactive la negociación colectiva, puesto que más de la mitad de los convenios continúan sin actualizarse, lo que afecta a más de 300.000 personas. También exigirán que se cumpla el salario mínimo y que se revisen las tablas salariales, ya que la Comunidad cuenta con 200.000 trabajadores con ingresos que están por debajo del umbral legal, así como la igualdad de derechos de los contratos fijos discontinuos.

Los sindicatos, que marcharán hasta el jardín del Malecón, donde leerán un manifiesto con sus reivindicaciones, denunciarán que la precariedad laboral se ha instalado en la Región con el beneplácito del Ejecutivo autonómico y las patronales, al negarse a mejorar los salarios de los trabajadores. Instarán también a que se cumplan los planes de igualdad para eliminar las brechas de género y reivindicarán los servicios públicos como la recuperación de los derechos laborales arrebatados en 2012 a los funcionarios. En Cartagena también se congregarán a las 11 horas en la plaza de España y marcharán hasta el Ayuntamiento.