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El Consejo de Gobierno ha dado en su reunión de esta mañana el carpetazo definitivo al proyecto de Puerto Mayor, al aprobar la caducidad de la concesión para construir esta infraestrctura, que data de 1975. El consejero de Presidencia, Javier Celdrán, ha explicado en la rueda posterior al Consejo que la decisión se ha tomado, a propuesta de la Consejería de Fomento, «por la no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente».
El acuerdo incluye la obligación de la retirada de las tablaestacas (pantallas de acero que sirven para realizar recintos estancos en zonas portuarias) instaladas por la empresas, en el plazo de dos meses, e indica que la concesionaria no tiene derecho a indemnización alguna.
El consejero Celdrán mostró su satisfacción por este acuerdo, del que dijo que supone «el portazo final» a un proyecto que «no responde al modelo de desarrollo que queremos para nuestro litoral».
La oposición a la construcción de Puerto Mayor en la zona norte de la Manga del Menor ha sido objeto de una batalla legal y medioambiental en las últimas décadas que pone fin el acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Gobierno. La pugna que a partir de ahora se inicia es por el restablecimiento a su estado original de la zona donde iba a edificarse el puerto, y en la que se habían llegado a iniciar las obras. A pesar del requerimiento a la antigua empresa concesionaria para retirar las tablaestacas, el consejero de Presidencia ha admitido la dificultad de que la zona vuelva a su estado anterior a causa «de los años de abandono enque han estado las obras».
El Consejo de Gobierno aprobó, a propuesta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, destinar un total de 2.518.956 euros a los ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región para proyectos sociales de apoyo a la familia, lucha contra la pobreza infantil y conciliación familiar. Estas subvenciones para los ayuntamientos y las mancomunidades, que se estima que lleguen a 6.324 familias y a 13.154 menores de edad, se destinarán a financiar tres tipos de proyectos.
El primero de ellos abarca los enfocados a la cobertura de necesidades básicas, como una alimentación saludable, equilibrada y apropiada a la edad de los niños, higiene o ropa, así como para proporcionar servicios de educación, salud o vivienda. En segundo lugar, para apoyar la conciliación familiar y laboral, en el caso de familias con menores a cargo y en situación de vulnerabilidad, para cubrir gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención para cubrir necesidades puntuales de conciliación, servicios de apoyo complementarios u otros que garanticen el derecho de los menores a una atención y desarrollo adecuado, incluidos proyectos de fomento de actividades de ocio, tiempo libre, culturales y educativas.
Por último, también se subvencionan servicios de apoyo e intervención familiar, como intervención y orientación sociofamiliar, mediación, puntos de encuentro familiar o atención socioeducativa. Asimismo, entre los proyectos se priorizarán aquellas iniciativas que impliquen dar continuidad a programas que ya están en marcha, pero abarcando a mayor número de menores y adolescentes vulnerables.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Salud, autorizó una dotación de 641.000 euros para la adquisición de implantes de mama y expansores mamarios con destino a los centros hospitalarios del Servicio Murciano de Salud. Se trata de productos dirigidos fundamentalmente a la cirugía de reconstrucción de mama después de una mastectomía. El contrato tiene dos años de duración.
El cáncer de mama sigue siendo un tipo de tumor habitual entre las mujeres cuyo tratamiento conlleva con frecuencia la extirpación de la mama. La reconstrucción mamaria es esencial, no solo porque restituye el órgano perdido, sino porque ayuda a recobrar la imagen y el equilibrio psicológico, lo que contribuye a atenuar la conmoción en la lucha contra la enfermedad.
Como cirugía de reconstrucción, mediante la mamoplastia se efectúa una reconstrucción de la mama después de una mastectomía para corregir posibles defectos congénitos de la mama y de la pared torácica. El método expansor consiste en la colocación transitoria de un implante con capacidad de dilatarse, lo que permite crear un exceso de piel donde antes estaba la mama para colocar la prótesis mamaria.
El Consejo de Gobierno dio el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Salud, a la contratación del servicio de alimentación del hospital de Cieza, que incluye las comidas para pacientes, cafetería y comedor de personal de guardia, así como las máquinas de venta de bebidas y alimentos del hospital y los centros de salud del área de salud de la Vega Alta del Segura, con un presupuesto base de licitación de 694.780 euros y un plazo de duración de dos años.
El hospital 'Lorenzo Guirao' es el centro sanitario de referencia de la Vega Alta del Segura y presta asistencia especializada a más de 53.000 ciudadanos, con un personal de 465 profesionales y un promedio de 3.200 ingresos al año, lo que supone una previsión anual de 15.000 menús libres y de 580 dietas líquidas, así como 3.590 comidas de personal, 2.950 cenas de personal, y 2.555 desayunos de personal de guardia.
Las máquinas de venta de alimentos y bebidas serán un complemento al servicio de cafetería y deberán potenciar y favorecer los alimentos saludables, de modo que se evitará el uso de los considerados no saludables. Así, todo lo ofertado en las máquinas que se instalen deberá cumplir las recomendaciones nutricionales indicadas para promover una alimentación saludable en el entorno hospitalario.
El Consejo de Gobierno aprobó una dotación total de 234.146 euros destinada a las universidades públicas de la Región para cubrir el incremento retributivo adicional del 0,25% desde el pasado mes de julio al personal adscrito a ambas instituciones. En concreto, corresponden 186.774 euros a la Universidad de Murcia (UMU) y 47.371 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Estas transferencias de crédito complementan la dotación conjunta de 4.229.299 euros aprobada con anterioridad para el incremento del 2,25% aplicado en las nóminas de los trabajadores de UMU y UPCT desde el pasado 1 de enero, en cumplimiento de lo establecido con carácter general para todo el sector público en el Real Decreto-Ley 24/2018.
La aportación global de 4.463.445 euros para el incremento de salarios del personal de las universidades públicas de la Región para este ejercicio es complementaria a las subvenciones destinadas a hacer frente a los gastos de funcionamiento general de ambas instituciones, que asciende a un total de 187.997.192 euros (147.458.597 euros para UMU y 40.538.595 euros para UPCT), la mayor aportación económica que han recibido las dos universidades públicas en su historia.
El Consejo de Gobierno dio el visto bueno, a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura, a la firma de un convenio con la Fundación ST3 para la utilización de su centro residencial para la realización del apoyo educativo domiciliario a alumnos que presenten serias dificultades de adaptación al medio escolar, con trastornos de conducta asociados a problemas de salud mental, que sean objeto de atención sanitaria y no puedan asistir de manera habitual y continuada al centro educativo en el que estén escolarizados, por encontrarse en régimen de internamiento temporal en el centro residencial de la citada fundación.
La Consejería de Educación y Cultura cuenta con un programa de apoyo educativo para escolares que no pueden acudir a sus respectivos colegios, por lo que el personal docente se desplaza al hospital en el que están ingresados o al propio domicilio del menor. En el caso del presente convenio, el personal docente llevará a cabo las tareas de tutorización en el centro residencial de la Fundación ST3, para aquellos alumnos que allí se encuentran internados.
Los destinatarios del presente convenio son los alumnos atendidos en régimen de internamiento temporal en el centro residencial de la Fundación ST3, previa autorización de las familias. Los apoyos educativos domiciliarios se llevarán a cabo en las aulas que este centro residencial destine para ello, por parte del profesorado designado y en el horario establecido en la resolución de autorización de prestación de atención educativa domiciliaria, en cada caso.
El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 30.000 euros al Instituto Español de Oceanografía para continuar el proyecto de la Red de seguimiento de las praderas de posidonia oceánica y el cambio climático en el litoral de la Región. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y el Instituto Español de Oceanografía desarrollan desde 2004 este proyecto, que aporta información de gran validez para continuar profundizando en el conocimiento sobre estas praderas de posidonia oceánica y poder así utilizar la información acumulada como herramienta para la gestión y ordenación del litoral.
Las praderas de posidonia oceánica representan una de las comunidades biológicas de mayor importancia en el ecosistema litoral, por lo que han sido calificadas como Hábitat Natural de Interés Comunitario, con la consideración de Hábitat Prioritario, para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, marcó los seis ejes de actuación sobre los que pretende actuar en su estrategia de Gobernanza Pública, según informaron este jueves al Consejo de Gobierno la titular de la Consejería. Los seis ejes definidos servirán para guiar la actuación de la Administración regional en los próximos tres años en materia de simplificación y modernización administrativa; transparencia y participación ciudadana; y buen gobierno, ética e integridad pública. También se desarrollarán programas y planes operativos de innovación, calidad y mejora continua de los servicios públicos; protección de datos, datos abiertos ('open data') y acceso sin restricciones ('open access').
Las líneas estratégicas deben garantizar la puesta en marcha de mecanismos que faciliten y fomenten la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y decisiones adoptadas por los responsables públicos. Otra de las finalidades es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en la calidad de los servicios, a la vez que se mejora la competitividad de las empresas. Su fase de diseño tendrá una duración aproximada de tres meses y una vez culminado su resultado será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva y aplicación por un período de tres años.
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