La sentencia por el saqueo de la CAM pone a cuatro exdirectivos a un paso de la cárcel

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional por el llamado 'saqueo de la CAM' ha situado a cuatro ex altos directivos de esa entidad bancaria a un paso de ingresar en prisión para una larga temporada. La dimensión de las condenas, de tres años de prisión para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós; de cuatro años para el ex director general de Planificación y Control, Teófilo Sogorb, y de dos años y nueve meses para el ex director general de Inversiones y Riesgos, Francisco José Martínez García, impide que puedan beneficiarse de una hipotética remisión condicional de las penas: la potestad del tribunal de suspender la ejecución de las condenas cuando son inferiores a dos años.

De tal forma que si la resolución de la Audiencia Nacional se viera confirmada en los próximos meses por el Tribunal Supremo, ante la que muy probablemente será recurrida, ello significaría el inmediato ingreso en prisión de esos cuatro antiguos miembros de la cúpula de la CAM.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional notificada ayer considera probado que los cuatro condenados son responsables de reflejar falsariamente en los estados financieros de la entidad una situación económica de beneficios, en lugar de las pérdidas que realmente se estaban generando.

De esta manera, la Cuenta Pública de Pérdidas y Ganancias Consolidadas de Banco CAM en el primer trimestre de 2011, presentada ante el Banco de España, arrojaba un resultado positivo del ejercicio o beneficio de 39,771 millones de euros, que en modo alguno reflejaban la situación real de la caja, cuyos resultados a 30 de junio de 2011, según las determinaciones realizadas por el FROB, fijaban en más de 1.163 millones de euros las pérdidas, con una ratio de morosidad del 19%.

Ese falseamiento de las cuentas de la CAM ha llevado al tribunal, constituido por Ángela María Murillo Bordallo (presidenta), Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero (ponente) a considerar probado que Roberto López Abad, María Dolores Amorós y José Martínez García incurrieron en sendos delitos societarios continuados de falsedad contable, al igual que Teófilo Sogorb, quien además ha sido penado por otro delito de falsedad en la información a los inversores.

A la vez, la Sala absuelve a los otros cuatro exdirectivos que se sentaron en el banquillo, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, exculpados de los delitos societario continuado de falsedad de cuentas, estafa agravada, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad documental formulados contra ellos por las distintas acusaciones.

Especial alivio debe haber dejado además la resolución en Banco Sabadell, que en su día absorbió a la ya extinta CAM, pues ha sido eximido de tener que responder de las reclamaciones dinerarias que, al igual que a la aseguradora Caser y a la Fundación Obra Social Caja Mediterráneo, pesaban sobre esta entidad y que ascendían a 25,6 millones por las cuotas participativas. A este respecto, el tribunal recuerda que en el orden jurisdiccional penal no pueden declararse responsabilidades civiles derivadas de conductas delictivas si estas no han sido probadas, lo que en este caso ha ocurrido con una larga serie de delitos patrimoniales y falsarios de los que venían siendo acusados los exdirectivos y por los que finalmente han sido absueltos. Pese a ello, los magistrados recuerdan que sigue abierta la vía civil para reclamar tales indemnizaciones, «si procediere».

En los hechos probados de la sentencia, la Audiencia Nacional deja constancia de que los cuatro condenados desarrollaron entre los años 2010 y 2011 «diversas actuaciones, previas o coetáneas a la intervención de la entidad (por el Banco de España), que supusieron la alteración de su situación económica, contable o financiera, originando una ficción de normalidad y eficiencia en sus estados financieros, que no se adecuaba a la realidad ni reflejaba la verdadera dimensión de la grave crisis por la que atravesaba la CAM».

Las dos vías que utilizaron «para eludir el conocimiento del grave deterioro financiero de la CAM y que finalmente llevó a su ruina» fueron unas operaciones de titulización, con directa repercusión en las cuentas de 2010, y las irregularidades conscientemente efectuadas en la formulación de los estados financieros intermedios del 2011».

Por lo que se refiere al primer método de falseamiento «irreal y espurio» de las cifras, los cuatro integrantes del Comité de Dirección ahora condenados procedieron a reclasificar créditos fallidos y dudosos, que pasaban a ser calificados como normales, y a dar de baja provisiones por titulaciones de deuda de escasa calidad. Fruto de tales manejos, las cuentas de la entidad aprobadas en marzo de 2011 arrojaron un resultado positivo después de impuestos de 244 millones, cuando el saldo positivo real era de 75 millones.

Además, en junio de 2010 se procedió a titulizar préstamos hipotecarios que tenían un capital pendiente de cobro de 333 millones (117 millones como riesgo normal, 74,5 como activos dudosos y 141 como fallidos o irrecuperables), pero que se cedieron al Fondo de Titulización por un precio de 259 millones, lo que superaba en 81,3 millones el valor neto contable de esa cartera.

De hecho, en la valoración solo se calcularon unas pérdidas estimadas de 74 millones, cuando los quebrantos provisionales ascendían ya a 155,3 millones.

Algo muy similar se había hecho en abril de ese año, cuando se cedieron por 135,3 millones al Fondo de Titulización unas hipotecas cuyo valor neto contable era de 95,8 millones. Y se estimaron unas pérdidas de 34,4 millones, cuando los quebrantos provisionales eran ya de 73,9 millones».

La cartera de préstamos a pymes se cedió por 427,6 millones, pese a que su valor neto era de 368,8 millones, y la de edificios e inversiones inmobiliarias se traspasó por 110 millones, aunque el valor neto era de apenas 16,4 millones.

Con tales artificios, los ahora condenados declararon en junio de 2011 unos beneficios de casi 59 millones, cuando, según constató más tarde el FROB, las pérdidas ya ascendían a 1.163 millones.

La presentación de ganancias permitió a los directivos acceder a una serie de complementos retributivos, como la paga de beneficios de 2011, cuyo importe total ascendió a 6,2 millones de euros. Además, seis miembros de la cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), entre ellos el propio Roberto López Abad, se repartieron casi 15,5 millones de euros cuando se prejubilaron.

En relación con los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil que se les achacaban a los ex altos responsables de la CAM por sus remuneraciones como componentes del Comité de Dirección, la Sala les absuelve por una «total ausencia de prueba del acto engañoso».