Una sentencia abre la puerta a la posible anulación de miles de multas de tráfico

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia acaba de dictar una sentencia pionera que podría abrir la puerta a la anulación de miles de multas en la Comunidad. La resolución deja sin efecto la sanción de 800 euros que la Policía Local de Murcia impuso a un automovilista por circular sin seguro. El juez argumenta que los agentes utilizaron un boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT) para expedir la multa pese a que no existe convenio entre el Ayuntamiento de la capital y la Administración del Estado por lo que tumba el expediente. Una decisión que ya está siendo analizada por Tráfico y que podría tener efectos aún por ver.

La multa que ha dado origen a esta curiosa sentencia, firmada por el juez Andrés Montalbán, se produjo en febrero del año pasado en una calle de la pedanía murciana de El Puntal. Los agentes de la Policía Local le impusieron 800 euros de multa al dueño de una Mercedes Vito por llevar el seguro obligatorio del coche caducado y ordenaron, asimismo, el depósito del vehículo durante un mes. La Jefatura Provincial de Tráfico confirmó la imposición de la multa.

En su demanda ante el juzgado, el automovilista sostuvo que la furgoneta estaba aparcada frente a su casa y que no la condujo en ningún momento. Alegó, además, y ahí está el quid de la cuestión, que los agentes municipales no tienen competencias para sancionar por este motivo.

La Policía Local, en un escrito remitido al juzgado, aclaró que sus agentes tienen la competencia administrativa de denunciar las infracciones a la Ley de Seguridad Vial en las calles del municipio, esto es, excesos de velocidad, alcoholemias... En el caso de las infracciones por circular sin seguro, sin embargo, explicó el cuerpo, el procedimiento sancionador corresponde tramitarlo a la DGT. La jefatura provincial entrega, por tanto, a la Policía Local sus propios boletines de denuncia para «facilitar la tramitación de los expedientes sancionadores».

La pretensión del demandante tropezó con la oposición de la Abogacía del Estado pero que fue finalmente admitida por el juez. El magistrado explica que el boletín de denuncia de la Policía Local no puede derivar directamente en un procedimiento sancionar, como en este caso. «Sería convertir un acto llevado a cabo por agentes de la Policía Local de Murcia en una resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico, algo que sin un marco legal y convencional que así lo previera no puede tener lugar», subraya la sentencia.

El letrado Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín, que presentó la demanda, remarca que «a veces David puede ganar a Goliat, sobre todo cuando hay jueces como el magistrado Montalbán que se estudian los asuntos».

Consultada por LA VERDAD, la Jefatura Provincial de Tráfico explica que, por el momento, solo tienen constancia de este caso. El organismo ha emitido, no obstante, un informe solicitando una aclaración de sentencia -que podría afectar también a las multas impuestas por no tener la inspección técnica de vehículos (ITV) en vigor-, porque, sostiene, ese convenio no existe en ningún municipio de España.

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