Toño Abad

Coordinador del área confederal LGTBI de UGT

«Cuando nos señalan, alientan la violencia y los delitos de odio»

–Esta semana, UGT ha presentado un estudio que revela que el 75% de las personas LGTBI perciben que no ser heterosexual y, sobre todo, ser trans, supone tener menos oportunidades en el trabajo.

–Es muy preocupante que haya personas que no se sienten libres en el ámbito del empleo para decir que son LGTBI, o que tienen miedo de revelar su orientación por si les acarrea alguna consecuencia negativa. Es una anomalía democrática. Debemos intervenir tanto desde las organizaciones sindicales como desde las empresariales, porque aquí hay una responsabilidad de todos: hay que conseguir un ambiente laboral y unas condiciones de trabajo que sean dignas y seguras para todas las personas.

–Muchos gais, lesbianas, bisexuales o personas trans siguen sin visibilizarse, sin mostrarse con naturalidad en sus puestos de trabajo. ¿Esto indica que todavía hay ambientes laborales impregnados de masculinidad tóxica, o poco comprometidos con la diversidad?

–La diversidad LGTBI no ha llegado a las empresas. Hemos visto avances en el ámbito social, en el penal, en el sanitario, educativo. Pero en la empresas, esto se ha considerado tradicionalmente una cuestión privada, de la intimidad de cada uno, algo que no tiene por qué afectar al desarrollo profesional. Pero, en realidad, eso no es cierto, porque muchas personas que no son LGTBI ponen sus fotos, comentan sus vivencias, hablan de sus familias. Mientras, cuando llegan las personas LGTBI a una empresa y ven determinado clima, con chistes, rumores o insultos, se lo piensan mucho. Y el hecho de ocultarse, de invisibilizarse para evitar recibir esa violencia, tiene consecuencias directas que son cuantificables. Fundamentalmente, se produce una renuncia de derechos: si te casas no pides el permiso de matrimonio, o cuando se pone enferma tu pareja, renuncias al acompañamiento y a otros permisos que están relacionados con el ámbito familiar. Por supuesto, eso es inaceptable.

–A algunas de las cuestiones pendientes intenta responder la nueva Ley del Empleo. ¿Qué aspectos resaltaría de esta norma?

–La Ley de Empleo incorpora una mirada inclusiva hacia las personas LGTBI, especialmente a las personas trans en situación de vulnerabilidad. Sabemos, porque lo tenemos muy cerca, que hay personas que por ser LGTBI han sufrido situaciones de vulnerabilidad y discriminación muy determinadas. Por ejemplo, jóvenes que son expulsados de su casa cuando salen del armario. Al perder el arraigo familiar, necesitan recurrir a los servicios sociales. Lo que hace la ley es mejorar la coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo, que facilitan la empleabilidad de estas personas para que tengan oportunidades y se puedan incorporar al mercado laboral. Este asunto de la ley de empleo es una de las dos patas que nosotros hemos promovido desde UGT. La otra gran medida son los planes LGTBI obligatorios para las empresa de más de 50 trabajadores. Esto va a permitir luchar contra la discriminación en el trabajo.

–En los últimos 20 años, España ha dado un salto enorme en los derechos del colectivo LGTBI. Sin embargo, estamos asistiendo a un incremento de agresiones y de discursos de odio. ¿Hay riesgo de regresión, de un paso atrás?

–Lo estamos viendo ya. En el estudio que hemos publicado esta semana vemos que las tasas de violencia han subido un 20% con respecto al anterior informe, de 2020. Pero también se ha publicado otro estudio que habla de cómo los discursos de odio hacia las personas LGTBI han crecido un 130%. Un partido de extrema derecha acaba de colgar una gran lona en la que nos trata como desechos, como basura. Se está señalando al movimiento LGTBI. Buscamos la defensa de derechos fundamentales, pero se nos presenta como un 'lobby' de poder que quiere subvertir el orden de las cosas. Esto tiene un efecto directo en las calles, porque alienta violencias que cristalizan en delitos de odio. Estamos ante un asunto de primer orden, porque afecta a la convivencia. Los poderes públicos tienen la obligación, el deber, de intervenir. No se puede permitir que haya partidos u organizaciones de otro tipo que fomenten estos discursos.