El Senado aprueba llevar al Congreso la reforma de la Ley de Costas propuesta por el PP

El Pleno del Senado aprobó este martes la toma en consideración, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular de la Proposición de ley (PDL) para modificar la Ley de Costas con el fin de evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre», como por ejemplo las casetas que están en primera línea de playa. El Grupo Socialista y el PNV votaron en contra.

Según indicó Francisco Bernabé, del PP, en la Cámara Alta, los tres requisitos serán que los conjuntos dispongan de «valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados», que estén integrados en ese entorno paisajístico costero y por último, que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre.

La proposición salió adelante con el voto a favor de 153 senadores: los 143 del Grupo Popular; cuatro del Grupo Plural de Junts y Agrupación Herreña Independiente; tres del Grupo Izquierda Unida (uno del senador de la Agrupación Socialista Gomera, uno de Más Madrid y uno de Coalició Compromís) y los tres votos a favor restantes, del Grupo Mixto (uno de Unión del Pueblo Navarro y dos de Vox).

Ha habido 96 votos en contra: del Grupo Socialista (89), del Grupo Parlamentario Vasco (6) y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (1).

Un total de 10 senadores se abstuvieron, ocho del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, uno del Grupo Parlamentario Plural --en concreto de BNG-- y uno del Grupo Parlamentario Plural.

Al Pleno del Senado asistieron representantes de más de 52 asociaciones del litoral, tal y como lo señaló Bernabé, y ahora esta toma en consideración pasará al Congreso para seguir su trámite parlamentario.

Según defiende el Grupo Popular en su escrito, en el que propone añadir una 'Disposición Adicional Decimotercera' a la Ley 22/1988, de Costas, las desocupaciones o derribos de estos conjuntos urbanos «no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados».

Para entender de cuáles son los «núcleos urbanos tradicionales con valores etnológicos incuestionables», el Grupo Popular del Senado puso como ejemplo Puntas de Calnegre, Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos y Los Nietos, en la Región de Murcia; les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la provincia de Castellón, así como otros en el litoral valenciano y alicantino; les «Casetes de Vorera» en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente, en la Isla de La Palma; o El Altillo, Casas Quemadas, La Barranquera, Telde o Tufia, en Gran Canaria.

Según defendieron, es necesario establecer «un abrigo legislativo» para estos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos.

Por parte del Grupo Socialista, el senador José Valbuena destacó en su turno en contra que esta propuesta «no arregla y no resuelve el problema que existe a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España», aunque señaló, sin embargo, que es un tema que tendrá que ser abordado.

Valbuena indicó al respecto que no es mediante modificaciones de la ley de Costas, que es en lo que consiste esta propuesta de los populares, sino con un articulado y con un conjunto de medidas «que tienen que atajar verdaderamente ese problema de manos de los territorios autonómicos y de las administraciones locales competentes en la ordenación del territorio».

Por contra, la senadora de Vox Paloma Gómez aseguró que con la consiguiente modificación «se intenta ayudar a muchas familias que están sufriendo por el futuro de sus viviendas y negocios, además de proteger el patrimonio de las costas».

El senador Juanjo Ferrer argumentó la abstención del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC) por las «muchísimas dudas sobre la bondad del proponente» y la «constitucionalidad» de esta reforma.

También por el GPIC, el senador Fabián Chinea agregó que están «de acuerdo» con buena parte de la filosofía y los contenidos de esta proposición de ley ya que creen «que conecta con el interés general», mientras que el senador del Grupo Parlamentario Vasco (GPV) Igotz López puntualizó que la norma «debería ser más concreta y no tan genérica».

Por el Grupo Parlamentario Plural, el senador de Junts Joan Bagué defendió que esta proposición de ley «es necesaria para poder regular algunos casos concretos»; María Carmen Silva del Bloque Nacionalista Galego recordó que la proposición «solo hace referencia a núcleos urbanos» y el senador Aniceto Armas de Agrupación Herreña Independiente señaló que «no arreglará definitivamente el problema de los asentamientos costeros, al menos en Canarias, pero sí podrá facilitar una vía jurídica para encauzar soluciones».

El senador Joan Queralt destacó que su grupo, el de Izquierdas por la Independencia (GPERB), estaría de acuerdo si se «introdujeran listados de casos individuales, caso por caso» y por esta razón se abstienen.

Por el Grupo Socialista el senador José Hila apuntó que la legislatura pasada, en el Parlamento de Baleares, se aprobó una proposición no de ley a propuesta del PP sobre 'las casetas de vorera' y le reprochó a este partido que en ningún caso hablara de modificar la ley de costas.

Y por último, en el turno de portavoces, el Grupo Popular concluyó que esta proposición trae «la llave» que va a permitir solucionar un problema que afecta a muchos municipios costeros y que permitirá conservar la fisionomía tradicional, según el senador popular Vicente Tejedo.

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