El sector hortofrutícola se pone en guardia por la norma que limita el uso de plástico

El nuevo Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre envases y residuos, que entró en vigor el pasado 11 de febrero, impone más obligaciones al sector agroalimentario –y a otros– en la guerra contra el plástico, que se aplicarán progresivamente. El objetivo es que de forma gradual y en el horizonte de 2040 se reduzcan considerablemente los envases de un solo uso, los niveles de plástico y los compuestos daniños para el medio ambiente, fomentando la economía circular y los formatos reutilizables.

No se trata solo de los formatos, sino también de las nuevas normas de composición y etiquetado de los envases, y sobre todo del llamado 'impuesto al plástico' que de momento está generando costes millonarios al sector.

El caballo de batalla está en la obligatoriedad de no usar envases por debajo de los 1,5 kilos, con algunas excepciones. La lucha del sector en estos momentos radica en que la mayoría de frutas y hortalizas frescas queden exceptuadas de estas restricciones de envasado. El sector advierte de que la venta a granel de muchos productos «se cargará la trazabilidad» y puede generar riesgos de salud alimentaria. Aunque el nuevo reglamento europeo entrará en vigor en el año 2030, el momento actual es clave porque se tiene que elaborar –antes de dos años– una lista de excepcionalidades de productos entre la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y los ministerios de Agricultura y de Transición Ecológica, este último con planteamientos más tajantes.

De hecho, la anterior ministra Teresa Ribera aprobó en 2022 un real decreto en el que apenas hizo distinciones sobre el envasado en plástico por debajo de los 1,5 kilos, con mayores restricciones de las que marcaba Bruselas. Esa obligatoriedad se encuentra en 'stand by', a la espera de que elabore esa nueva lista de excepciones, en la que Fepex quiere tener voz.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas apoya los principales objetivos del nuevo reglamento para disminuir la generación de residuos de envases y promover que los operadores reduzcan su uso al mínimo. No obstante, cree que no se tienen en cuenta «las especificidades de los productos frescos como frutas y hortalizas, que al ser muy perecederos requieren del uso de envases que garanticen la seguridad alimentaria, la calidad y el transporte adecuado».

Apunta que la lista de excepciones se desarrollará próximamente, si bien explica que en el caso de España, la administración nacional se adelantó en 2022 a la normativa comunitaria con un real decreto que incluía parte de las medidas ahora recogidas en el reglamento, aunque con algunas diferencias. Subraya que la legislación española es más restrictiva, ya que en el caso de la comercialización de frutas y hortalizas por debajo de 1,5 kilos, no solo prohíbe el uso de envases de plástico, sino todo tipo de envases, promoviendo la venta a granel. En este sentido, Fepex reclama que ese real decreto «se adapte» al nuevo reglamento europeo. La UE solo exceptúa este envasado cuando se demuestre que existe una pérdida de agua o de turgencia, riesgos microbiológicos, daños físicos u oxidación. Fepex espera también una suavización de la agenda verde europea.

El presidente de Fepex, Cecilio Peregrín, destaca el compromiso de su federación con los fines medioambientales que persigue la UE, pero considera que la normativa no tiene «ni pies ni cabeza» en lo que atañe al sector hortofrutícola, que tiene que afrontar unos costes añadidos que pueden tensionar los precios, aunque la política de las grandes cadenas de distribución es tratar de bajarlos. «No nos damos cuenta de que nos estamos jugando la independencia y la seguridad alimentaria. Esta normativa no se exige a países terceros y sin embargo nosotros tenemos cada vez más restricciones, sin alternativas viables».

Sobre la prohibición de envasado por debajo del kilo y medio, Peregrín explica que trabajan con la Administración en la lista de productos que deben quedar al margen, aunque critica el punto de partida que marcó Teresa Ribera: «Puso los bueyes por delante y quiso incluirlo todo», apostilla. «Hay productos que no tiene sentido venderlos a granel».

Enumera los riesgos de la venta a granel, empezando por el elevado desperdicio alimentario que genera. Explica que tomate, espinacas, brócoli, lechugas, pakchoi y otros productos frescos pierden hidratación y condiciones organolépticas (sabor, textura, olor) si no van envasadas en plástico.

«El aspecto de las frutas y verduras es muy importante en la venta, así como evitar la presencia de microorganismos y patógenos. La seguridad alimentaria no puede estar por debajo de la sostenibilidad de un envase». A su juicio, el problema no es el plástico, sino el uso que se le da después». Comenta que «somos plasticodependientes», aunque añade que tratan de reducir los impactos y optar por otro tipo de envases. Los biodegradables están en fase de desarrollo industrial, indica, mientras que los compostables (fabricados con materiales naturales y renovables) tienen un coste elevado.

El director general de Proexport, Fernando Gómez, indica que el primer borrador de la UE hablaba de eliminar envases de un solo uso, pero que el Miteco se adelantó y dijo que por debajo de los 1,5 kilos se eliminaba todo envase a cambio de la venta a granel. «Estuvo mal planteado». Espera que las frutas y hortalizas queden exceptuadas, como propuso el Ministerio de Agricultura. Indica que todo el sector va encaminado «al uso de envases reciclables, retornables o más sostenibles».

El presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, cree que hay que apostar por la sostenibilidad, pero solo ve problemas con la normativa, empezando porque puede haber «una diversidad tremenda entre los países» si no existe uniformidad sobre el envasado. «Lo que más se usa en los supermercados son las bolsas de 250 gramos a kilo y medio. Todo eso va en plástico, que soporta mejor el frío, a diferencia del cartón. No habría árboles para tanta cajita de cartón». Explica que en España se han exceptuado variedades protegidas, y espera que se mantenga. «El año que viene saldrá el decreto con las excepcionalidades, y queremos que las frutas y verduras estén fuera. Esta es la lucha que tenemos ahora». Considera que «es muy difícil vender a granel. Nadie quiere que se toquen las piezas de frutas que te vas a comer, que se manoseen. Esto puede disparar el desperdicio alimentario. El problema está en el Ministerio para la Transición Ecológica. Espero que al final haya cordura».

María Dolores Molina Cano, directora de Medio Ambiente de Proexport, señala que Bruselas no obliga a la venta a granel, y da la oportunidad de utilizar otro envase que sea más sostenible o biodegradable. «El reglamento no es tan estricto como el decreto español», cuya aplicación se encuentra paralizada. Advierte de que si no existe una excepcionalidad para las frutas y hortalizas, se pueden perder muchos formatos de venta que requieren un envasado que no resta cualidades al producto, como el que se utiliza para el pimiento tricolor o el tomate cherry. «Se cargarían las gamas de productos premium», indica Molina.

El sector tiene otro frente abierto con el impuesto especial a los envases de plástico no reutilizables, destinado a sufragar los gastos de reciclaje, que alcanza los 45 céntimos por kilo de plástico. Esto le cuesta muchos millones al año a los productores, que tienen una guerra abierta con la Agencia Estatal Tributaria porque esta se niega a devolver el impuesto del producto destinado a la exportación. Dado que el coste del reciclaje se hace en los países de destino, allí donde llega el producto envasado, la patronal Fepex reclama dicha devolución.

Hacienda no obstante aplica su propio criterio restrictivo y solo lo devuelve cuando es el exportador el que organiza y se encarga del transporte. La interpretación de Hacienda «está provocando un daño económico a las empresas exportadoras de nuestro sector, ya que no acepta como prueba la documentación que acredita la entrega de la mercancía en otro Estado miembro», indica Fepex, que ha solicitado la intervención del Ministerio de Agricultura y de la CEOE. Cecilio Peregrín apunta que han elevado un informe a la Dirección General de Tributos, que se ha mostrado receptiva. «Hay muchos millones de euros en juego».

La normativa europea de envases, por otra parte, obliga a las empresas del sector a registrar toda la tipología de los envases que utilizan y ponen en el mercado, que incluye la adhesión del productor a sistemas de responsabilidad ampliada.