El sector agrario asume que ya no se podrá cultivar en la zona más cercana al Mar Menor

Coag y Fecoam dieron a conocer un documento de 17 medidas que proponen para hacer compatible la regeneración de la laguna salada con el mantenimiento de una actividad agraria «sostenible» en la zona. Estas propuestas se hicieron llegar a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su reciente visita a la Región.

Las dos organizaciones, que concentran el 62% de toda la producción agraria regional, coinciden en que es de sentido común que la franja más cercana al humedal «cambie de uso productivo». Es decir, que ya no sea posible el desarrollo de la agricultura intensiva en la zona más próxima a la laguna salada.

También tienen claro que hay que hacer una clara delimitación perimetral de las tierras de regadío no solo en el Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor, sino en toda la Región. «Y lo que era de secano hace 25 años, que vuelva a ser de secano», sentenció Miguel Padilla. «No se puede consentir que alguien compre una finca de secano por unos pocos euros y la convierta en regadío porque han hecho una desaladora cerca. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene que acabar con estas prácticas y sancionar al que lo esté haciendo mal», instó el dirigente de Coag, que desveló que estas fincas «suelen ser explotaciones grandes y de unos pocos propietarios». No obstante, matizó que hay antiguas tierras de secano que están dentro del perímetro legal y que ya son consideradas como regadío consolidado.

Las organizaciones agrarias, pese a asumir su parte de responsabilidad en el deterioro de la laguna salada, insisten en que no son los únicos que han dañado el ecosistema. «Si alguna culpa tiene el turismo, deberá empezar a buscar soluciones», declaró Santiago Martínez. Así, una de las diecisiete medidas que se plantean en el documento reclama, precisamente, «la necesidad de evaluar y conocer la influencia de otros contaminantes (como el silicio, el hierro, el potasio, el fósforo y los metales pesados) en la eutrofización de las aguas del Mar Menor». «Nos culpan hasta de la muerte de Manolete y ya estamos cansados», lamenta el responsable de la organización que agrupa a las cooperativas.

Otra de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias en el documento remitido a la ministra Teresa Ribera -que también obra en poder del Ejecutivo regional- es la aprobación inmediata de una Ley Integral del Mar Menor, que si no está ya vigente es «por cuestiones políticas». En ese sentido, el Gobierno regional ha adquirido el compromiso de elaborar antes del 1 de enero de 2020 un decreto de protección integral de la laguna salada, que se transformaría en ley tras su paso por la Asamblea Regional.