Sara Aagesen defiende «la máxima garantía ambiental» en las plantas de biometano

La industria energética ha puesto sus ojos en un territorio con suficiente subproducto agroganadero como para alimentar los tanques de hasta 40 plantas, según las estimaciones de la Asociación Española del Gas (Sedigas). En paralelo, las oportunidades para revalorizar estos desechos han chocado de lleno con el problema de la ubicación de estas instalaciones, que ha generado múltiples protestas vecinales en varios municipios.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una entrevista concedida a LA VERDAD la pasada semana, cree que el sector primario «necesita una solución para gestionar» los residuos agrícolas y ganaderos que ya existen en la Región de Murcia, ya que ello ayudaría a «prevenir un problema serio de contaminación de suelos y acuíferos». Quien fuera secretaria de Estado de Energía y principal impulsora del plan estatal para el biogás en la etapa de Teresa Ribera como ministra añade que el metano «que emiten estos residuos es un potente gas de efecto invernadero; por tanto, su tratamiento y valorización energética, convirtiéndolos en energía renovable, genera claros beneficios ambientales y económicos, e incrementa la sostenibilidad del sector primario».

Aagesen, sin embargo, separa el tema de los beneficios en la producción de este gas renovable de la polémica por la ubicación de sus plantas, que ha conllevado movilizaciones en varias comunidades, e incluso la paralización de algunos proyectos como en Santomera, Mula o Murcia (los consistorios alegaron incompatibilidad urbanística). «Otra cosa son los criterios de ubicación de las plantas, o de las propias explotaciones ganaderas, que dependen de las administraciones autonómicas y locales, competentes en ordenación del territorio».

La ministra apunta que el diálogo entre todos los agentes implicados en el desarrollo de los proyectos «es la base para solucionar los conflictos que puedan aparecer». Desde el Ministerio «siempre defendemos la máxima garantía ambiental y el máximo beneficio socioeconómico».

La vicepresidenta subrayó que «la autonomía estratégica es fundamental para reducir nuestra dependencia y nuestra vulnerabilidad». Apuntó que España tiene «una posición privilegiada» para producir energía «renovable, autóctona, asequible, segura y sinónimo de competitividad».

La idea es apostar por más energía renovable, «pero no de cualquier manera». Aagesen subrayó que el país tiene una normativa ambiental y de ordenación del territorio «muy garantista y exigente», que sólo autoriza «proyectos respetuosos con el medio ambiente e incorpora las medidas correctoras necesarias». Como ejemplo, remarcó que al 70% de los proyectos autorizados por su Ministerio se les han exigido modificaciones en la declaración de impacto ambiental. «No estamos sacrificando la naturaleza con las renovables, al contrario, la estamos protegiendo del impacto provocado por el consumo de combustibles fósiles y apostando por la agenda verde», concluyó.

La Región de Murcia cuenta con tres proyectos beneficiados por varias líneas de ayudas al hidrógeno renovable. La estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica para avanzar en la descarbonización del país pasa por fomentar la producción y consumo a gran escala de hidrógeno renovable y sus combustibles derivados para impulsar la plena integración de este vector en el mix energético español y acelerar la reducción de emisiones de CO2 de amplios sectores de nuestra industria y el transporte pesado. La ministra Sara Aagesen, al respecto, señaló que en el valle industrial de Escombreras (Cartagena), el proyecto de clústeres y tecnologías industriales de hidrógeno renovable de Repsol «ha recibido 155 millones de euros para destinar el hidrógeno a los procesos de la refinería, con una capacidad de hidrólisis de 100 MW». Añadió otros dos proyectos de cadena de valor en Molina de Segura, que han recibido casi 2,5 millones de euros.

Además, incidió en que está en curso una nueva convocatoria del Banco del Hidrógeno de la UE, dotada con 1.200 millones, a la que España aportará hasta 400 millones adicionales para los proyectos estatales que resulten adjudicatarios, y a la que han podido presentarse proyectos de todo el país. «El hidrógeno verde es un proyecto de país, que el Gobierno está impulsado con normativa y con ayudas», subrayó.