Incendio discotecas Murcia

El dueño de Teatre tuvo otros dos locales nocturnos en San Pedro del Pinatar con una riada de multas

Dos locales más figuran en el rastro del dueño de Teatre, Juan Inglés Rojo, y su socio Marcos Martínez Alcaraz. La discoteca Splash, que funcionó en la Nacional 332 a la salida de San Pedro del Pinatar hacia el municipio alicantino de Pilar de la Horadada, y la discoteca-pub Flamingo, ubicada dentro del puerto deportivo Villa de San Pedro. Los socios se hicieron cargo del local nocturno del puerto en 2017 y, hasta su cierre, acumularon irregularidades y sanciones que sumaron los 12.400 euros.

El fuego figura también en el historial del Flamingo, que ardió en 2019, aunque solo causó daños materiales, ya que el local solo abría sus puertas durante los veranos y, en el momento del siniestro, se encontraba cerrado por temporada baja.

Según fuentes municipales, en 2019 fueron multados con 1.400 euros, a raíz de quejas en la dársena, de funcionar como bar con música sin disponer de licencia, ya que solo tenían autorización para café bar y, cuando quisieron ampliarla, les fue denegada por la Dirección General de Puertos por no reunir las condiciones necesarias.

En 2021, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar le abrió el primer expediente por funcionar sin licencia, con una multa de 5.000 euros. En 2023, la administración local le impuso otra sanción de 6.000 euros, cuyo cobro pasó a la vía ejecutiva. A lo largo de los años en que permaneció abierto, entre 2017 y 2022, el Flamingo acumuló una riada de denuncias por causar molestias por el volumen de la música.

Los socios se hicieron cargo del local en 2017, cuando el local dejó de llamarse Alpuerto para convertirse en el Flamingo. Al disponer de licencia para café bar solo hasta 2020, toda la actividad que tuvo después de esa fecha quedó fuera de la ley, por lo que el Ayuntamiento le fue abriendo sucesivos expedientes sancionadores.

En el verano de 2021, cuando los promotores intentaron reabrir el local, recibieron una orden de cese de actividad con membrete del Ayuntamiento, la notificación de una multa de 5.000 euros y el plazo de dos meses para que regularizara su situación. Con ese margen, los dueños apuraron el negocio del verano y no se ocuparon de resolver la situación irregular del local. Cuando al verano siguiente, en 2022, volvieron a poner en marcha el bar de copas, la Policía local cerró el establecimiento, aunque los titulares recurrieron la medida y reclamaron el plazo de dos meses para regularizar los trámites administrativos. De nuevo obtuvieron el margen necesario para hacer caja durante los dos meses de verano.

Ya en abril de este año, el Ayuntamiento desestimó el último recurso de la mercantil y decretó su cierre, que impidió la apertura del local el pasado verano, según informaron fuentes municipales. No fueron los únicos conflictos legales que tuvieron los socios, ya que algunos empleados los denunciaron por no hacerles contrato de trabajo.

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