La Inspección detectó «riesgos graves» en las obras del colegio Joaquín Carrión de San Javier

«Los trabajadores que prestaban servicio estaban expuestos a situación de riesgo grave e inminente». Así describe el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo que encontró en las obras que se han realizado en el colegio Joaquín Carrión, por lo que el organismo estatal decidió paralizar la actividad a finales del pasado septiembre. El inspector constata que «en la evaluación de riesgos del centro educativo no se analizan las interferencias que suponen para el personal docente y auxiliar las obras, como consecuencia de la generación de ruidos, polvo ambiental y humedades».

Por lo expuesto en el informe, realizado a solicitud de Podemos, la Inspección de Trabajo requiere a la Comunidad Autónoma para que analice los riesgos que sufre el personal educativo. Para el diputado de Podemos, Víctor Egío, «se ha puesto en peligro a los trabajadores y al alumnado del colegio, por eso vamos a llegar hasta el final». Pedirá respuestas al consejero de Educación y FP, Víctor Marín, y exigirá «todas las responsabilidades».

El retraso en la ejecución de las obras del tejado -principalmente la retirada de amianto- y las goteras que ocasionó la lluvia de principios de noviembre, debido a que la cubierta estaba inacabada, obligaron a desalojar el recinto y a repartir a los alumnos entre tres centros diferentes de San Javier.

Las aulas del Joaquín Carrión no pudieron volver a la normalidad hasta finales de noviembre, cuando la Consejería dio por finalizadas las obras de sustitución de la cubierta y la instalación de las placas solares. «Es consecuencia del descontrol en tiempo y forma que ha tenido la Consejería de Educación», denuncia el concejal de Podemos en San Javier, Matías Cantabella. «Las obras comenzaron muy tarde, sin tener en cuenta las lluvias y el centro se mojó, estropeando mobiliario y material y causando daños e inseguridad en la instalación eléctrica», expone el edil.

Las familias de los alumnos mostraron su malestar desde el inicio del curso, cuando se encontraron un edificio en obras y con trabajadores y material pesado en el tejado sobre el que daban clases los escolares. Se quejaron de la inseguridad que vivían los menores en las aulas.

Según la Consejería de Educación, «es rotundamente falso que se haya puesto en riesgo la seguridad de la comunidad educativa». Señala que «el informe de la Inspección de Trabajo se refiere exclusivamente a los trabajadores de la empresa adjudicataria de las obras, no al alumnado ni a los docentes». Sobre los plazos de la obra, la Consejería explica que «se comenzó a trabajar el pasado verano en un proyecto de gran envergadura, que se retrasó por causas achacables exclusivamente a la empresa, lo que provocó que las intensas lluvias afectaran al centro». Reconoce que «la demora hizo que partes de la obra quedaran expuestas a las inclemencias meteorológicas, ocasionando desperfectos en el centro educativo».

La Consejería contrató el proyecto el pasado julio con la previsión de que estuviera finalizada en octubre, lo que ya suponía un inicio de curso con las molestias de las obras. Según fuentes oficiales, «debido a la envergadura y complejidad de la obra, la empresa pidió una prórroga con el fin de acabarla en noviembre". Sin embargo, la Consejería asegura que estudia penalizar a la empresa «con el fin de resarcir los prejuicios causados a la Consejería y a la comunidad educativa del centro».

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