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La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha mostrado su satisfacción con la sentencia del juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena que estima el recurso de una vecina y declara nula la licencia municipal de actividad concedida en el año 2007 al restaurante Collados Beach, en la zona norte de La Manga. Y ha pedido públicamente que el Ayuntamiento de San Javier no recurra el fallo, que tumba el decreto firmado por el exalcalde José Hernández, del PP. Según el juez, el Consistorio obvió su obligación de sacar a información pública el expediente, como fija la ley regional de protección del medio ambiente.
Como publicó LA VERDAD, la sentencia declara, además, contraria a derecho la «inactividad» del Consistorio, que en 2021 no respondió a la solicitud de la demandante de que se revisara la licencia; y le condena a pagar 5.000 euros en costas judiciales. La vecina denunció «un infierno» por el ruido en la playa de Veneziola.
Anse instó al alcalde, José Miguel Luengo, del PP, a no recurrir el fallo ante el TSJ. «Los argumentos jurídicos son tan claros que un recurso solo conllevará mayores costes al Ayuntamiento, un incremento del colapso de la Justicia y un mayor descrédito del Consistorio en la protección del medio ambiente y de la salud», indicó. Asimismo, en la asociación destacaron que ya existía un informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y otro del arquitecto municipal que señalaban la nulidad de la licencia, incompatible con las normas subsidiarias».
El alcalde señaló que el Consistorio «acata la sentencia», pero que los servicios jurídicos la estudian, pues no es firme. Su gobierno atenderá «al criterio técnico y la defensa del interés general», dijo. Y añadió que el «error» de la licencia no sería solo del PP, pues la Junta de Gobierno Local, ya con el PSOE en la alcaldía, otorgó «la licencia de puesta en marcha».
La corporación «no está obligada a hacer revisiones de oficio», apuntó Luengo. Y respondió a Anse que «el Ayuntamiento no ha permanecido impasible» con el local, como prueban «las inspecciones y los expedientes abiertos» dentro de las competencias locales.
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