Las sanciones por riego ilegal junto al Mar Menor afectan ya a más de 4.200 hectáreas

La labor inspectora que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre los regadíos ilegales del entorno del Mar Menor se ha saldado hasta ahora con 461 expedientes sancionadores que afectan a 4.275 hectáreas; mientras que otras 3.414 están denunciadas, según refleja el último informe de seguimiento que ha dado a conocer el Ministerio para la Transición Ecológica.

En comparación con el informe de abril, hay 1.311 hectáreas más objeto de sanción. De forma correlativa, los expedientes abiertos por uso privativo de agua sin autorización han aumentado de 393 a 461. La superficie total sobre la cual está actuando la CHS por uso ilegal de agua ronda las 8.400 hectáreas, como anunció en diciembre el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea. La labor sancionadora se va acercando a dicha cifra.

Dentro de la hoja de ruta para la recuperación del Mar Menor, dirigida a reducir los aportes de contaminantes a las aguas superficiales y subterráneas, así como a evitar modificaciones de los ecosistemas litorales, el Ministerio actualizó ayer los datos de la acción inspectora, de tal forma que hasta el momento ha remitido a la Fiscalía 203 expedientes sancionadores en el Mar Menor, de los que 132 se han enviado también a la Comunidad Autónoma.

En lo que atañe a las inspecciones iniciadas hace tres años por uso privativo de aguas sin autorización (regadío en zonas sin derechos inscritos en el Registro de Aguas o regadío fuera del perímetro aprobado), el número de expedientes iniciados asciende a 461. La superficie que ya ha sido objeto de resolución sancionadora es de 4.275 hectáreas, mientras que la superficie denunciada, pero todavía sin resolución, es de 3.414. Ligado a esto, el Ministerio señala que el número de expedientes de restitución de cultivos iniciado por el Gobierno regional «no se ha incrementado, pese a que dispone de 79 en vía administrativa ya remitidos. Próximamente le remitirán otros 71», indicó a modo de reproche.

En relación a los vertidos, en el último año y medio se han iniciado 166 expedientes sancionadores a estaciones depuradoras de aguas residuales por vertidos a cauce público, según la CHS.

En lo que respecta a las desalobradoras, el balance ministerial señala que los expedientes abiertos desde enero del año pasado se elevan a 109, y si se toma como referencia los tres últimos ejercicios, el número asciende a 657. Hasta ahora, se han precintado 201 desalobradoras ilegales en el Campo de Cartagena y la zona de Alicante desde que comenzaron las inspecciones, y se han propuesto 113 expedientes sancionadores. Adicionalmente, los agentes medioambientales han informado que 54 desalobradoras han sido retiradas o desmontadas, y se ha procedido al sellado de 112 sondeos.

El Ministerio destaca asimismo que los agentes medioambientales han finalizado las inspecciones en la Cota 120 de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena. Explica que han revisado una superficie superior a las 13.865 hectáreas, de las cuales 11.560 (el 83% aproximadamente) dispone de sistema de riego. Como resultado, informa de que ha requerido a esta comunidad de regantes para que reduzca la superficie regable en 341 hectáreas.

Por otra parte, se han incoado seis expedientes por ocupación de zonas de dominio público marítimo terrestre; se han abierto otros 59 para determinar los derechos de los propietarios de ocupaciones existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas.

El Ministerio informa de que ha previsto una partida de 40 millones de los fondos de la UE para la restauración de instalaciones mineras abandonadas peligrosas en la cuenca del Mar Menor. Espera transferir el año que viene a la Región de Murcia gran parte de ese dinero para iniciar las actuaciones. Consistirán en diques de retención en las zonas altas de las ramblas ante el arrastre de sedimentos cargados de metales pesados, así como la revegetación de los cauces con especies que resisten los metales y los acumulan en sus rizomas. Prevé también la eliminación puntual de residuos mineros y su retirada a vertedero autorizado, así como la creación de barreras vegetales en las desembocaduras de las ramblas al Mar Menor. En las zonas bajas se crearán áreas inundables para retener caudales de avenida de las ramblas.

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