Sánchez recoge en el juzgado de Lorca la notificación de una nueva causa de corrupción

El expresidente de la Región Pedro Antonio Sánchez recogió ayer en el Juzgado nº 1 de Lorca la notificación de la apertura de juicio oral por el 'caso Auditorio' y la querella del 'caso Guardería', en los que está procesado por presuntos delitos de corrupción en su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.

Llegó a pie minutos antes de las diez de la mañana acompañado por su abogado y saludó a los periodistas y reporteros gráficos que lo esperaban con un «me alegro de veros». Un cuarto de hora después abandonó las dependencias judiciales sin hacer declaraciones y solo volvió a dirigirse a los informadores para desearles «feliz verano» y la recomendación «cuidad lo importante». El político del PP, que reside en Miami (Estados Unidos) desde hace un año, eludió responder sobre la fecha de juicio para el 'caso Auditorio' ni sobre ningún otro asunto procesal.

La comparecencia se produjo después de que el pasado 26 de junio no acudiera a la citación, lo que llevó a la instructora de ambos casos, Consuelo Andreo, a dictar dos providencias, en una de las cuales le advertía de que acordaría su detención si no se personaba en la nueva fecha.

En el 'caso Auditorio', Sánchez será juzgado por un presunto delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras en su etapa de alcalde de esa población. La juez investiga este proyecto, su adjudicación, la ejecución y recepción de las obras del edificio, que está inacabado. El Ministerio Fiscal pide para Sánchez 4 años de prisión y una multa de 6 millones de euros por presunta prevaricación, fraude de subvenciones y fraude en concurso. En el 'caso Guardería' se investigan también presuntas irregularidades en la construcción de jardines de infancia y de un centro para la mujer en la misma localidad.

Por otra parte, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, en una resolución dictada el pasado día 12, ha rechazado el recurso interpuesto por el PSOE y una asociación de abogados denominada Adade contra el auto que decretaba el sobreseimiento de las actuaciones contra el expresidente Sánchez y su asesor David Conesa dentro de la pieza separada del 'caso Púnica' que afectaba a la Región.