Salud realizó más de 3.200 contratos a dedo en su lucha contra la pandemia

La permanente situación de excepcionalidad generada por el estallido de la epidemia, hace ya un año, unida a la urgencia con que han tenido que actuar los poderes públicos para hacerle frente, ha dado lugar a una profusión de contratos directos, sin concurrencia ni publicidad, pero con amparo legal, para hacerse con los recursos materiales necesarios en la lucha contra la Covid.

En la Región de Murcia y solo por parte de la Consejería de Salud y del Servicio Murciano de Salud (SMS), durante 2020 se realizaron más de 3.200 contratos por el procedimiento de emergencia para adquirir productos, en su mayor parte sanitarios, y sufragar servicios e incluso obras. El montante económico de este tipo de contrataciones a dedo, que en años precedentes eran inusuales, superó los 105 millones de euros, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud.

La práctica totalidad de estos contratos fueron formalizados por el SMS. La Consejería asegura haber suscrito solo nueve durante 2020, entre ellos el alquiler del hotel Cenajo y el pabellón de Cabezo Beaza para acoger durante su cuarentena a los inmigrantes irregulares interceptados en alta mar, la atención del teléfono gratuito de información y la contratación del servicio de rastreo de contagiados.

Entre los productos adquiridos por este procedimiento destacan artículos de protección para los profesionales, material para el tratamiento de los pacientes y servicios de limpieza, seguridad y mantenimiento de instalaciones sanitarias.

Pero también figuran otros productos aparentemente no tan necesarios en las prestaciones sanitarias de urgencia, como armarios roperos, felpudos, ordenadores personales, mesilla de noche, impresora láser o un sillón giratorio de ruedas, según la información del Portal de la Transparencia de la Comunidad, donde aparece la relación de contratos de emergencia realizados por el SMS entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, justo durante la duración del primer estado de alarma. En total, el SMS adquirió o contrató por el procedimiento de emergencia 760 productos y servicios distintos durante el pasado año.

El director gerente del SMS, Asensio López, asegura que todos estos contratos están «absolutamente justificados. Los procedimientos de contratación ordinarios duran entre tres y seis meses, y este es el único que nos permite dar una respuesta en el momento para necesidades urgentes. Basta con elaborar un informe justificativo del gasto, que remitimos a los servicios jurídicos para que lo avalen», agrega. Explica que en un principio fue difícil planificar los suministros de materiales y productos para los profesionales y centros sanitarios, de ahí que haya numerosos contratos de un mismo artículo para reponerlo a medida que se iba agotando. Ahora, gracias a la experiencia acumulada «las decisiones están más contrastadas y son más contenidas, por lo que el número de estos contratos lo lógico es que se vaya reduciendo», comenta López.

No obstante, en lo que va de 2021 ya se han formalizado varios contratos de emergencia más, como los suscritos para ampliar la UCI del Hospital Reina Sofía y las Urgencias del Hospital del Noroeste, y se volverá a utilizar para comprar una nueva máquina para las pruebas de PCR, según avanza el director del SMS.

El procedimiento de emergencia está recogido en el artículo 120 de la ley de Contratos del Sector Público y está reservado para «cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos». En estos casos, la ley concede carta blanca a la Administración para contratar libremente, sin sujetarse a los requisitos formales de la contratación ordinaria y aunque carezca de crédito suficiente. Puede incluso recurrir al contrato verbal.

Aun teniendo cobertura legal, diversos organismos han alertado sobre el posible abuso de este tipo de contratos y el riesgo de que den lugar a corruptelas. Transparencia Internacional España, en su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2020, presentado la pasada semana, apunta que «se han tenido que flexibilizar y agilizar diversos procesos de compra de suministros públicos dada la urgencia y la situación de necesidad, generando un escenario de especial vulnerabilidad y dependencia que constituye un campo fértil para la corrupción». Y el Tribunal de Cuentas ha incluido en su programa de fiscalizaciones para 2021 los contratos de emergencia tanto por parte de los ministerios como de comunidades autónomas, ayuntamientos y el sector público empresarial.