Salud cifra en 55 millones el coste de asumir a 35.000 funcionarios de Muface

Las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio han decidido no presentarse al concurso al considerar que la propuesta económica era insuficiente para evitar las pérdidas, que según sus cálculos suman 600 millones de euros en tres años. En principio, esto aboca a los hasta ahora asegurados a la sanidad pública, salvo que decidan pagarse pólizas privadas. No obstante, el Ministerio de Función Pública anunció un nuevo intento de acuerdo. «Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación», señaló en un comunicado. Si se llegase a 2025 sin concierto, los mutualistas no quedarían desatendidos a 1 de enero, aclara el Ministerio. Los funcionarios seguirían de momento recibiendo la asistencia sanitaria en las condiciones actuales, «con las prórrogas y los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público».

Pero la incertidumbre está ahí y la situación generada preocupa a la Consejería de Salud, que carga contra el Ministerio por lo sucedido. «Resulta inaudito que el Gobierno de España, lejos de buscar soluciones a las actuales necesidades del sistema sanitario, quiera trasladar a las comunidades autónomas una mayor carga asistencial», denunció ayer este departamento. «El Gobierno central es el responsable de poner las mejores soluciones posibles encima de la mesa para el personal funcionario. Es el responsable de financiar adecuadamente a las comunidades en general, y en particular de volver a licitar con las mutuas un acuerdo para su prestación sanitaria», añadieron estas fuentes oficiales.

La sanidad regional se vería particularmente afectada por el fin del modelo actual, según un informe adelantado el mes pasado por LA VERDAD. El 12,56% de la población es mutualista, lo que representa el mayor porcentaje por comunidades, según datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que agrupa al sector privado. En 2023 había, en concreto, 82.757 personas atendidas bajo el sistema mutualista. De todos ellas, 53.875 corresponden a Muface, la Mutua de Funcionarios Civiles del Estado. El resto, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y a la Mutualidad General Judicial (Mugeju), donde los conciertos sí se renovarán.

Los mutualistas de Muface pueden optar entre ser atendidos por la sanidad pública o acogerse a las aseguradoras. En concreto, son 35.246 los funcionarios que en la Región de Murcia dependen de las tres grandes aseguradoras (Adeslas, DKV y Asisa) que han decidido no renovar el concierto, según datos de IDIS. La Consejería de Salud reduce la cifra a 34.000.

En toda España hay 1,5 millones de funcionarios -y familiares de estos- afectados por la no renovación del concierto. A las 10 de la mañana de este martes expiraba el plazo para que las aseguradoras respondieran a la oferta del Gobierno para la renovación del contrato de Muface. La respuesta ha sido 'no'. El Ejecutivo ofreció una subida de las primas del 17,12%. Es el aumento más alto de la historia pero no ha sido suficiente para estas empresas, que reclamaban un alza de al menos el 40% para compensar las pérdidas que genera este servicio, sobre todo tras dos años marcados por el aumento de costes derivado de la inflación, y ante un nuevo contrato en el que se han incluido servicios como la salud bucodental o mayores cuantías para los honorarios médicos.

El contrato propuesto por el Gobierno asciende a 2.681 millones de euros para los próximos dos años, lo que supone un incremento bianual de casi 304 millones en comparación con el concierto que vence este año. La media por mutualista al año pasaría así de 1.032,12 euros a 1.208,81 euros en 2026, lo que supone un aumento de la prima por asegurado de 176,69 euros. Pero las aseguradoras lo consideran «insuficiente». La prima sigue siendo un 30% inferior a los 1.736 euros que se invierte por ciudadano en la Seguridad Social, señalan las compañías.

Si finalmente la sanidad pública se ve abocada a asumir la atención a los cerca de 35.000 funcionarios mutualistas actualmente cubiertos por las aseguradoras en la Región, no solo se elevará el gasto. Según la Fundación IDIS, el Servicio Murciano de Salud necesitaría incorporar 144 camas nuevas, y Atención Primaria tendría que hacer frente a 181.440 nuevas consultas al año.

En toda España, la absorción de los trabajadores públicos por parte del Sistema Nacional de Salud provocaría, entre otras cosas, un aumento del 2% en el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas extra) y un incremento del 266% en las listas de espera para consultas externas y del 115% en las listas de espera para cirugías, asegura IDIS, una organización vinculada al sector privado.

Del mismo modo, se apunta a la necesaria incorporación de casi 4.000 camas al sistema público en toda España para evitar la saturación, por no hablar de un aumento del gasto de la sanidad pública de 1.214 millones de euros anuales.

El sindicato Csif mostró ayer su preocupación. «No contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo establecido. Lo contrario sería un auténtico desastre para la sanidad que no cuenta con los medios suficientes para dar cobertura a más de dos millones de personas, que son las que ingresarían directamente en los servicios sanitarios de las distintas comunidades», advirtió Mari Carmen Espejo, consejera de este sindicato en Muface. La organización sindical prepara movilizaciones para la próxima semana. El mayor temor es el colapso de un sistema ya de por sí saturado.