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El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó este jueves la contratación de las obras de construcción de los nuevos centros de salud de Molina-Este (Molina de Segura) y de Lorquí y la ampliación, reforma y rehabilitación energética de los de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar (Murcia). El presupuesto total de los cuatro proyectos es de 23.202.564 euros y la inversión beneficiará a una población de más de 85.000 usuarios. Así lo destacó el consejero portavoz, Marcos Ortuño, y señaló que «los centros contarán con instalaciones modernas, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética».
El nuevo centro de salud de Molina-Este será el de cabecera en la zona básica de salud número 89 y dará cobertura a 29.118 usuarios de Atención Primaria. La edificación costará 12.056.238 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses. Las instalaciones incluirán las consultas de atención especializada para los pacientes de Molina de Segura, Alguazas, Archena, Fortuna, Ceutí y Lorquí. Los pacientes evitarán, así, desplazarse a las consultas externas del Hospital Morales Meseguer.
En cuanto a Lorquí, en la zona básica de salud número 72, el nuevo centro de salud será más grande que el actual y asumirá la actual asistencia de 7.254 personas. El proyecto cuesta 4.653.845 euros y, desde su inicio, las obras durarán 14 meses.
Respecto a la ampliación y modernización de las dependencias de la zona Alcantarilla-Sangonera, cabecera de la zona básica de salud número 2, mejorará la atención a 22.395 habitantes del municipio y de la pedanía murciana citadas. Habrá nuevos espacios para Pediatría, Fisioterapia, Odontología y atención a la Mujer, gracias a una inversión de 4.119.678 euros. Las obras abarcarán 20 meses.
Por último, en el caso de la también pedanía de El Palmar, cabecera de la zona básica de salud número 23, se prevé agrandar las zonas de pediatría, las salas de cirugía menor y el área de pruebas diagnósticas. También habrá «una remodelación y renovación en profundidad» del centro, que tiene 25.342 usuarios. Hay un presupuesto de 2.372.801 euros y un plazo de ejecución es de 20 meses.
Ortuño subrayó que estos proyectos forman parte de la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria 2023-2026 (EMAP). Y añadió que, también en materia de asistencia sanitaria, el Consejo de Gobierno autorizó destinar 24,4 millones de euros a la compra de diversos fármacos frente a la esclerosis múltiple, la fibrosis pulmonar, el cáncer y la hipertensión.
Asimismo, el Gobierno regional dio el visto bueno a la compra de 41 autobuses eléctricos para la nueva flota de Movibús. El gasto, de 28,7 millones, será financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Estos vehículos darán servicio a las cuatro concesiones de transporte público regional de las áreas metropolitanas de Murcia y Cartagena. En concreto, cubrirán las conexiones de la capital con Alcantarilla, Beniel-Santomera y Molina de Segura y de la ciudad portuaria con su entorno. Al no emplear combustibles fósiles, evitarán la emisión de 2.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año a la atmósfera. Además de «mejorar la calidad del aire», permitirá «reducir el ruido en entornos metropolitanos».
A propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, el Ejecutivo autorizó la concesión directa de subvenciones a la Universidad de Murcia (UMU), la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), por un importe global de 462.850 euros, para desarrollar el Programa Erasmus+ de Movilidad de Estudiantes de la Comunidad Europea.
Y en el ámbito educativo, el Consejo de Gobierno aprobó el decreto por el que dos escuelas municipales infantiles de Totana se integran en la red de centros de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo. Se trata de los centros 'Pepita López Gandía' y 'Nuestra Señora del Rosario' de Totana.
«La pelota está en el tejado de Vox», dijo este jueves Marcos Ortuño, a propósito de un posible acuerdo con el partido de Santiago Abascal para la formación del nuevo gobierno regional. Eso sí, un ejecutivo del PP en solitario. «Son ellos lo que ahora tienen que mover ficha y esperamos que reconsideren su postura», señaló sobre la exigencia de Vox de entrar en un gobierno de coalición. Y aseguró que los populares han intentado «por todos los medios» alcanzar un acuerdo programático con Vox, como en otras comunidades, pero en esa formación «no han querido negociar nada» en esa línea.
El consejero portavoz arrancó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno afirmando que «lamentablemente, el ejecutivo está en funciones por el bloqueo sin alternativas e injustificado al presidente López Miras en la Asamblea Regional» y sufre limitaciones legales para «comprometer proyectos y aprobar proyectos de futuro». No los concretó, pero habló de perjuicios «para todos» los habitantes de la Región.
Ortuño confirmó que no está habiendo contactos entre PP y Vox para retomar la negociación sobre el nuevo ejecutivo, tras la fallida investidura del lunes. Y reclamó que el partido que dirige en la Región José Ángel Antelo actúe con responsabilidad y facilite la investidura. «Vox decidió pulsar el botón de la repetición electoral y será Vox el que tendrá que desactivar esa opción», manifestó. Y criticó que Vox solo pide «sillones», en alusión a su exigencia de la vicepresidencia y dos consejerías. El consejero, del PP, en el Palacio de San Esteban que solo hay «tres alternativas: un gobierno del PP, un gobierno de PSOE, Podemos y Vox y el bloqueo y nuevas elecciones autonómicas». Y ante las preguntas de si los populares consideran la oferta de Vox de un gobierno de coalición, o si explorarían un acuerdo programático con el PSOE a cambio de su abstención en el parlamento, insistió en el gobierno en solitario.
«Estamos legitimados por el resultado de las urnas», pues el PP obtuvo un 43% (frente al 18% de Vox), argumentó. Y añadió que «la única opción real» de liderazgo del gobierno es la de López Miras. Respecto al Mar Menor, cuya ley autonómica Vox pide derogar o reformar, Ortuño afirmó que eliminar la norma es «inasumible» y que «la protección y recuperación» de este ecosistema «es innegociable». Y ante las críticas de las organizaciones ecologistas ANSE y WWF sobre los incumplimientos de la norma por parte de la Administración regional y el retraso en el desarrollo de múltiples cuestiones en los ámbitos medioambiental, agrícola, ganadero y urbanístico, se limitó a señalar: «Vamos a hacer todo aquello que tengamos que hacer».
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