La Comunidad pedirá al Supremo que detenga la subida de caudales del Tajo

Los regantes del Trasvase han mostrado su decepción y disconformidad con el recurso que ha presentado en el Tribunal Supremo la Comunidad Valenciana en contra del Plan del Tajo, ya que consideran que Ximo Puig acepta un recorte de las transferencias al Segura, lo cual no piensan tolerar. Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes (Scrats) critica que el Consell no les ha consultado y señala que dicho recurso no les gusta. En paralelo, el Gobierno murciano ha dado luz verde esta mañana a la interposición de su recurso en el Supremo, al que pedirá que frene a la subida de caudales de forma cautelar.

Lucas Jiménez indicó que el Gobierno de López Miras sí les ha consultado para armar su impugnación en el alto tribunal. El dirigente de los regantes estima que el Gobierno socialista de Ximo Puig ha hecho un planteamiento blando en su recurso, aceptando que se incremente el caudal ecológico del Tajo de 6 a 7 metros cúbicos por segundo, lo cual ya está vigente.

La medida cautelar para que no se siga aumentando dicho caudal se propone a partir de los años 2026 y 2027, cuando está previsto que el nivel suba a los 8 y 8,6 metros cúbicos.

«Todo lo que se aparte de nuestros informes técnicos no lo vamos a aceptar. La subida del caudal ecológico es innecesario, y todo lo que se aumente son litros políticos», recalca Jiménez, quien considera que Ximo Puig ha tratado de contemporizar y mostrarse condescendiente con el Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia.

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha señalado que el PSOE de la Comunidad Valenciana «ha antepuesto sus intereses de partido». «El recurso de Ximo Puig es un paripé; es un recursito para quedar bien. Los regantes lo consideran decepcionante porque acepta un recorte del Trasvase». Indicó que el Gobierno murciano sí ha contado con los regantes y un equipo técnico para articular su recurso, que va en la misma línea que los de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Alicante.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Marcos Ortuño ha indicado que el Ejecutivo de López Miras solicitará medidas cautelares para que se detenga la subida de caudales en el Tajo en tanto que se resuelve el recurso. El Gobierno regional ha dado su visto bueno a la interposición del recurso «contra el injustificado recorte al Trasvase Tajo-Segura impuesto por el Gobierno central, que podría superar los 100 hm3 anuales, casi la mitad de su aportación actual a la cuenca del Segura, causando un grave e irreversible impacto económico, social y medioambiental en la Región».

En concreto, el recurso contencioso-administrativo defiende los intereses de la Región de Murcia frente a los efectos del Real Decreto del 24 de enero, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de diversas demarcaciones hidrográficas, entre ellas, las del Tajo y el Segura, que resultan «incongruentes e incompatibles».

El recurso subraya el nulo rigor técnico y la falta de respaldo científico que respalde el incremento del caudal mínimo circulante en el río Tajo para garantizar su buen estado ecológico.

El Gobierno murciano rechaza esta modificación «por basarse en informes insuficientes y escasos de motivación que la respalden y por haberse tomado de forma unilateral por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, modificando el acuerdo previo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Nacional del Agua».

Sostiene que la Comunidad Autónoma lidera las medidas judiciales adoptadas también por los ejecutivos de Andalucía y la Comunidad Valenciana «en contra de una decisión arbitraria e injustificada del Gobierno central que atenta contra la solidaridad territorial y supone un grave perjuicio para todo el Levante español y para el mantenimiento de los cultivos más eficientes y rentables de España».

Ortuño señaló que el Gobierno regional «no se va a rendir» y recordó que la agricultura «es uno de los pilares económicos de la Región de Murcia, y su declive tendría consecuencias devastadoras para la economía local, el empleo y el tejido social». El recurso destaca además el serio daño medioambiental que supondrá la reducción en las aportaciones del Trasvase, que intensificará el proceso de desertificación, «con repercusiones irreversibles en la biodiversidad y en la sostenibilidad medioambiental de la Región de Murcia».

Respecto a la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero mostró su «respeto» por la decisión que adopte, «pero debo recordar que el agua es un asunto de Estado». Culpó al Gobierno de pedro Sánchez de «enfrentar a una comunidades autónomas con otras» con su política hídrica.

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