Un decreto reduce trámites ambientales y urbanísticos para conseguir inversiones

Convertir la Región en el territorio de España que más facilidades da a los empresarios que quieren invertir, a través de la reducción al mínimo de los trámites burocráticos y la digitalización de los procesos en la Administración regional. Ese es el objetivo del decreto ley de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que tendrá que ser convalidado por la Asamblea Regional, donde el Ejecutivo no tiene garantizada la mayoría parlamentaria tras el embrollo causado por el pase de diputados al Grupo Mixto.

La norma, que se publica hoy en el BORM, ha sido realizada de forma conjunta por las consejerías de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, que dirige Valle Miguélez; y de Economía, Hacienda y Administración Digital, cuyo titular es Luis Alberto Marín. Implicará la modificación puntual de más de una decena de leyes autonómicas. El Gobierno prevé que su aplicación permita a la Región aumentar su PIB un 1,6% (equivalente a 500 millones de euros) y crear 6.200 puestos de trabajo.

El decreto ley está dividido en tres bloques. El primero se basa en la simplificación burocrática para atraer inversiones, que es la parte que generará discusión, al aligerar los trámites urbanísticos y medioambientales que deben seguir las empresas. El segundo bloque se centra en la libertad absoluta de mercado, mientras que el tercero se centra en la racionalización del gasto público y en una profunda transformación de la Administración autonómica.

Además de potenciar al máximo el uso de las declaraciones responsables y abrir la puerta a las entidades privadas para la certificación de procedimientos administrativos, la norma aborda una regulación de los informes sectoriales, «para impedir que sean una barrera para la actividad económica», explicó Miguélez. Así, el decreto ley fija un plazo de tres meses para la emisión de informes preceptivos a los proyectos empresariales. Y si estos llegan fuera de plazo, la tramitación de la iniciativa empresarial seguirá adelante, excepto que lo impida alguna normativa estatal.

Un cambio significativo se produce en el área de ordenación del territorio. «Cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planteamiento general del municipio, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana», dice la referencia del Consejo de Gobierno. De igual forma, se elimina de forma expresa la exigencia de una licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo. En materia de puertos, se rebaja la base de cálculo del canon.

Otro aspecto que traerá polémica tiene que ver con los procedimientos medioambientales. El decreto «excluye el trámite de evaluación de impacto ambiental en proyectos excepcionales según ley del Estado». Estos proyectos, explica Valle Miguélez, son aquellos cuya realización es «de emergencia o de necesidad urgente de la ciudadanía».

Por otro lado, uno de los objetivos del decreto es que «cualquier negocio que esté legalmente establecido en otra comunidad autónoma podrá hacerlo automática y libremente en la Región de Murcia». Valle Miguélez explicó que esto significa que una empresa que opere en una comunidad autónoma y que desee ampliar su actividad en la Región, no necesitará ya adaptar todas sus licencias y permisos a la normativa autonómica.

En cambio, se han endurecido los requisitos en la Unidad de Aceleración de Inversiones de la Comunidad. Ahora se pedirá una inversión de 3 millones de euros, en lugar de 1 como ahora, para que el proyecto tenga carácter prioritario y urgente para la Administración regional, de forma que pueda beneficiarse de una reducción de plazos y de acciones de asesoramiento.

Uno de los objetivos del Gobierno autónomo en el terreno económico es aumentar el tamaño de las empresas de la Región, donde predominan las pymes. También la completa adaptación del tejido productivo a los nuevos tiempos digitales. Así que ha dispuesto premios para conseguir este doble propósito.

El decreto ley aprobado ayer creará una certificación oficial de calidad digital, con el fin de reconocer a aquellas empresas o autónomos que han hecho un esfuerzo por digitalizarse. Las entidades que dispongan de este certificado, siempre que tengan más de 10 trabajadores, tendrán más facilidades para acceder a ayudas públicas regionales. De igual forma, las firmas de más de 50 trabajadores contarán con una mayor puntuación en los criterios de baremación de subvenciones públicas que incentiven la inversión empresarial.

De forma paralela, en la contratación pública se introducen más criterios medioambientales. En las licitaciones, se valorará en positivo la posesión de distintivos ambientales. Además, se reforma la regulación de las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), aumentando competencias, adaptando su régimen sancionador y suprimiendo la obligación de presentar memoria anual y la comunicación previa al inicio de una actividad. Por último, se exime de la obligación de presentar la Declaración Anual de Medio Ambiente a las empresas sujetas al reglamento de emisiones europeo E-PRTR.

El Ejecutivo regional que salga de las urnas en mayo de 2023 tendrá la obligación de realizar, en los primeros seis meses desde su constitución, un plan de racionalización del gasto público, con actuaciones específicas basadas en la simplificación, unificación o eliminación de procedimientos; la reducción de conceptos que no contribuyan a una mejora del servicio público; la detección y supresión de gastos obsoletos y/o repetitivos; la centralización de compras; la implantación de acciones con potencial de ahorro; la mejora en la eficiencia de programas analizados que se mantengan presupuestariamente; y la agilización de las comunicaciones con la transformación digital.

Cada centro directivo de la Comunidad tendrá la obligación de realizar este plan de racionalización del gasto público, elaborando cada dos años un catálogo de buenas prácticas y pudiendo otorgar premios a las iniciativas especialmente relevantes.

Asimismo, el decreto ley establece la creación de la Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades, planificación y ejecución de los servicios de carácter digital, la coordinación con otras entidades de derecho público, así como la ejecución de políticas para la transformación digital de la sociedad de la Región de Murcia y la innovación asociada a las TIC en el marco de la Administración, con especial atención a las labores en materia de ciberseguridad, tanto de la Administración regional como de las entidades locales.

La norma contiene también una serie de aspectos que afectan a los trabajadores públicos de la Comunidad. El texto abre la puerta a la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva y ocasional de procedimientos. Esto significa que, circunstancialmente, se podrán trasladar funcionarios a departamentos que necesiten refuerzos puntuales. En el gremio, se ha bautizado a estas unidades como la 'UME funcionarial'. La duración de estos traslados esporádicos no podrá ser superior a tres años y estará vinculada al cumplimiento de objetivos.

Por otra parte, se fija que se puedan establecer puestos de trabajo temporales en la Administración para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de conocimiento por la jubilación de empleados públicos.

Asimismo, los ayuntamientos podrán seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas de espera de los procedimientos extraordinarios vigentes en la Administración regional, sin que la renuncia al puesto ofrecido suponga la exclusión de la lista de espera correspondiente.

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