La Comunidad recurrirá al Tribunal Constitucional si se aprueba la cesión de inmigración a Cataluña

El Gobierno de la Región de Murcia presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Congreso de los Diputados aprueba la proposición de ley para ceder las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, acordada por el Ejecutivo central del PSOE y Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont.

Así lo anunció este jueves el consejero portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo regional considera que algunos puntos del acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts vulneran aspectos recogidos por la Carta Magna, al entender que la inmigración y el control de fronteras es una competencia estatal exclusiva. Por tanto, el gabinete jurídico de la Administración regional estará pendiente de lo recogido en la proposición de ley para preparar este recurso. La Comunidad también ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, como la ley de amnistía a los implicados en el 'procés' independentista de 2017.

En concreto, tal y como han informado los dos partidos, la proposición de ley contempla que la Generalitat gestione la devolución de extranjeros cuando tengan prohibida la entrada y la propuesta de expulsión en otros procedimientos y que los Mossos d'Esquadra, la policía autonómica catalana, estén en las fronteras, aunque actuarán en colaboración y en cooperación con la Policía y la Guardia Civil.

Marcos Ortuño considera que el acuerdo «es otra cesión más de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes para mantenerse en la poltrona», que implicará que se agrade «la brecha de la desigualdad entre los españoles». El portavoz recordó que la delegación de las competencias de inmigración «era hace unos meses inconstitucional para el presidente del Gobierno y para el ministro del Interior, como lo demuestran las hemerotecas». «Pero, una vez más, Sánchez ha hecho algo que prometió que no iba a hacer, pasando por encima de la Constitución, la hemeroteca y lo que haga falta», recalcó.

El consejero de Presidencia preguntó a los socialistas murcianos y a su nuevo líder regional, Francisco Lucas, «si está de acuerdo con que la Generalitat decida si acoge o no inmigrantes» y va a apoyar este pacto, como ya lo hicieron con el cupo catalán o la ley de amnistía.

Preguntado por las medidas que va a adoptar el Gobierno regional para favorecer la reagrupación de los menores extranjeros no acompañados, tras la aprobación de una moción en la Asamblea en ese sentido con los votos de PP y Vox, el portavoz del Ejecutivo matizó que el texto de la iniciativa habla de «promover acuerdos para la reagrupación» de estos menores, con el fin de evitar «el desarraigo», y que el Gobierno regional, cuando reciba oficialmente la moción aprobada por el Parlamento, «estudiará cuáles son nuestras competencias en ese sentido» para decidir qué tipo de acuerdos de reagrupamiento puede promover.

No se pronunció Ortuño sobre si el Ejecutivo tiene previsto cerrar el centro de menores extranjeros de Santa Cruz (Murcia), como viene demandando Vox. Lo que volvió a exigir al Gobierno central es más financiación para atender a estos niños en las mejores condiciones, pues hasta ahora la Comunidad aporta la mayor parte de los 16 millones de euros que, dijo, se invirtieron en 2023 para la atención de 523 menores que llegaron a la Comunidad.

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