Ribera también cambiará las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura antes de un año

El cambio de las reglas se había apuntado en varias ocasiones, en tanto que la última modificación que llevó a cabo el Ministerio, en julio del año pasado, avisó de que se producirá una nueva revisión cuando se aprueben los planes de cuenca. Ese momento ha llegado y se ha incluido a última hora en el real decreto una Disposición Final con este encargo al Ministerio, que tendrá que 'actualizar' la normativa de septiembre de 2014 que estableció las reglas actualmente vigentes. La finalidad, señala, es «ajustar» las reglas «a las previsiones» de los nuevos planes hidrológicos.

Las reglas establecen cuatro niveles en función del estado de las reservas y aportaciones de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Los trasvases al Levante, tanto para abastecimientos y regadíos, están prohibidos cuando dichas reservas son inferiores a los 400 hectómetros (Nivel 4).

En el siguiente nivel de excepcionalidad hidrológica (Nivel 3) se pueden derivar hasta 20 hectómetros máximos por mes, pero depende de la decisión de la ministra. Teresa Ribera recortó la mayoría de desembalses para el regadío en este nivel, manteniendo la parte destinada a la población. En esta fase, las existencias conjuntas de ambos embalses deben estar entre los 586 y 688 hectómetros, dependiendo de los meses. La intervención del Ministerio también se aplicó en los anteriores gobiernos de Rajoy y Zapatero.

El nivel de normalidad hidrológica (Nivel 2) empieza a partir de las anteriores existencias conjuntas. En esta fase los trasvases son automáticos, sin margen de maniobra del Ministerio. Teresa Ribera introdujo un cambio en julio del año pasado para reducir los envíos de agua del Tajo de 38 a 27 hectómetros por mes, con la finalidad de redistribuir los desembalses a lo largo del año y dar mayor estabilidad, reduciendo los periodos de excepcionalidad hidrológica y al mismo tiempo aumentando la lámina de agua en Entrepeñas y Buendía, en beneficio de los municipios ribereños.

Asimismo, la actual normativa establece unos desembalses de referencia para cubrir la necesidades ambientales y socioeconómicas de la propia cuenca del Tajo. De esta forma, los valores establecidos oscilan entre los 18 hectómetros de noviembre a los 60 de julio, con unos caudales que van de los 6,9 metros cúbicos por segundo a 22,4.

Por cada metro cúbico que suban los caudales ecológicos en Aranjuez, el punto de referencia, habrá que desembalsar al cauce del Tajo 31 hectómetros cúbicos más al año. Esto reducirá las reservas trasvasables a Segura, a la vez que repercutirá en la lámina de agua y las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía. La cabecera también debe surtir a las Tabla de Daimiel y a los nuevos abastecimientos de Ciudad Real a través de la 'Tubería manchega'.

El conjunto de las nuevas necesidades ambientales, del abastecimiento de Ciudad Real y de las demandas socioeconómicas de la cuenca cedente, sumará 105 hectómetros al año, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Los regantes del Trasvase temen que el cambio de las reglas se haga al alza y dificulte las transferencias de agua al Segura, haciéndolas más restrictivas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, manifestó días atrás a LA VERDAD que una vez que se fijen los caudales ecológicos, «lógicamente, hay que revisar los mecanismos de desembalse. Pero bueno, eso se verá en su momento». A la pregunta de si habrá menos recursos trasvasables, contestó que «quien va a determinar, básicamente, que haya más o menos recursos trasvasables va a ser la meteorología y la climatología, como lo han venido haciendo hasta ahora. No veo que esto vaya a suponer incorporar ningún elemento novedoso; algo que no se conozca ya por la experiencia».

La actualización de las reglas de explotación ha sido introducida por el Ministerio en el último momento. También ha incluido la actualización del mecanismo de planificación hidrológica para cambiar los criterios para establecer los caudales ecológicos, mediante una orden que emitirá en el plazo de 18 meses. Se trata de aplicar una nueva metodología para determinar tales caudales en el conjunto de las demarcaciones hidrográficas, como proponía el Consejo de Estado.