Moreno desafía a Celaá y no retiraráel veto salvo que lo ordene el TSJ

La cuerda tensada a cuenta del veto parental por la consejera de Educación, Esperanza Moreno, y la ministra del ramo, Isabel Celaá, está a un punto de romperse. Moreno dio ayer un golpe en la mesa y desafió al Gobierno central confirmándose su decisión de no retirar el veto parental e ignorar así el requerimiento que le envió el Ministerio hace casi un mes para que lo anulara. Además, aplazó 'sine die' el encuentro que las dos tenían fijado para hoy. Precisamente el próximo lunes, 17 febrero, vence el plazo legal que Celaá dio a la Comunidad para retirar las instrucciones de principio de curso que implantaron el veto parental. La ministra dejó claro hace casi un mes que, si la orden no se retiraba, denunciaría la instrucción en el TSJ, como hará el martes casi con toda seguridad, cuando además pedirá la suspensión cautelar de la instrucción.

Si quedaba alguna duda de la determinación del Gobierno regional para mantener su compromiso con Vox y dejar el veto, la consejera zanjó ayer la cuestión anunciando, tajante, que «desde la Consejería se ha determinado, respaldado por los servicios jurídicos, que la medida de la autorización familiar de las instrucciones de inicio de curso no se va a retirar», dijo. Al mismo tiempo, Moreno comunicaba el aplazamiento -por iniciativa de la Consejería- del encuentro que la ministra y la consejera tenían fijado y confirmado para esta mañana, y que había despertado la expectación mediática.

La justificación aportada para la suspensión de la reunión se centró en que la Administración regional debe armar jurídicamente su negativa a eliminar el veto parental, que el Ministerio considera ilegal. La Comunidad solo retirará el 'pin' «si el Tribunal Superior de Justicia decreta la suspensión cautelar de la resolución», en cuyo caso, «como no puede ser de otra forma, se acatará la decisión del órgano judicial»,

La ministra, por su parte, quiso dejar claro que fue la Consejería de Educación la que pidió ayer posponer la cita acordada para hoy en el Ministerio. «Esta misma mañana [por ayer], la jefa de gabinete de la consejera ha llamado para posponer la reunión, habida cuenta de que sus Servicios Jurídicos están trabajando, entendemos, en el requerimiento que nosotros les formulamos el 17 de enero», dijo la ministra.

El requerimiento, remitido por el Ministerio a la Consejería, establecía el plazo de un mes para que se retirase una medida que Celaá calificó de «ilegal» y contraria al «derecho a la educación» de los escolares, al permitir a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en sus centros. «El lunes 17 febrero vence el plazo legal. Nosotros estamos ya dentro de un procedimiento, primero el requerimiento y, de no atenderse, el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por vía contencioso administrativa, implicando una suspensión cautelar de la medida», reiteró la ministra.

«Por nosotros haríamos esa reunión mañana (por hoy) mismo, pero nos han pedido posponerlas y entendemos que quizás sea para algo que interese a lo que es la reposición de la legalidad», zanjó Celaá. El veto parental se puso en marcha sin contar todavía con el informe favorable de los Servicios Jurídicos, que se solicitó y logró semanas después.