La retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio de la Región de Murcia aumentará un 8%

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó este viernes una orden ministerial por la que aumenta un 8% la retribución de los abogados y procuradores del turno de oficio. Se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 en el llamado territorio ministerio: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.

Según informó el departamento dirigido por Bolaños, «el objetivo es actualizar la retribución de los profesionales del turno de oficio y, a la vez, dar un paso más en el compromiso del ministerio de mejorar la prestación del servicio público de justicia a las personas con menos recursos».

Además, indicó que «el ministerio se compromete a seguir adoptando todas las medidas a su alcance para mejorar este servicio y a hacerlo contando con la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, con quien mantiene una interlocución constante».

En otro comunicado, el Consejo General de la Abogacía Española valoró como «positivo» dicho aumento al considerar que «supone un primer paso muy importante en la actualización de las cuantías». Señaló como «especialmente valioso» que «se haya conseguido dar un firme paso adelante en una negociación que se ha extendido durante más de seis años, y que el ministerio haya mostrado su voluntad de que este sea el comienzo de un diálogo ininterrumpido para acordar lo antes posible nuevas subidas de las retribuciones en este mismo año, así como la inclusión de nuevas actuaciones».

Por otro lado, Justicia destacó que «el ministerio sigue avanzando en la tramitación del texto de reforma de la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita, y que el pasado julio superó el periodo de consulta pública».

En concreto, recordó que, «entre otros cambios, actualizará la definición de insuficiencia de recursos que otorga el derecho a asistencia jurídica gratuita; reconocerá como beneficiarios a colectivos como las víctimas de violencia de género o de violencia sexual, con independencia de sus recursos; y definirá los requisitos para que una persona jurídica también pueda contar con asistencia jurídica gratuita».

Asimismo, el ministerio subrayó que, «en el ámbito de la gestión, incorporará mejoras como el acceso electrónico a las administraciones públicas y a la administración de justicia, en línea con el impulso a la digitalización de este servicio público».

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, también consideró «muy positivo» que Justicia les tenga como «interlocutor de referencia» de cara a los trabajos de redacción de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

«El Gobierno entiende que somos quienes materializamos la prestación del turno de oficio y que, por tanto, nuestra visión del modelo de justicia gratuita es absolutamente indispensable en la confección de la ley que debe promover la renovación de este servicio de cara a las próximas décadas», dijo González.

Resaltó igualmente que «la decisión del ministerio viene a sumarse a relevantes avances acontecidos en los últimos meses». «Parece que estamos dando unos primeros pasos firmes para mejorar la situación de los profesionales de la abogacía», apuntó.

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