El retraso en los juzgados de la Región se acentúa, pese a recibir menos casos

La pandemia ha dado la puntilla a una administración ya lastrada. El confinamiento y la paralización de la actividad judicial durante meses impactaron duramente en los juzgados murcianos, atenazados por años y años de elevada litigiosidad y pocos medios. Los órganos de la Región despidieron el pasado año con la friolera de 127.443 asuntos pendientes de respuesta, según los datos desgranados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esta gran bola de nieve creció durante el año de la pandemia hasta un 10,2% y alcanza ya unas dimensiones no vistas desde hace años. Es más, hay que remontarse al año 2011 para encontrar un volumen de asuntos en trámite tan alto. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia reconoce que los datos «evidencian las consecuencias que el confinamiento y la suspensión de la actividad judicial derivados de la crisis sanitaria tuvieron en el funcionamiento de los juzgados y tribunales durante el año pasado».

El atasco judicial siguió creciendo imparable, pese a que la cifra de asuntos ingresados descendió el pasado año hasta un 9,6%. Los juzgados recibieron 115.629 casos, una cifra bastante alejada de los registrados en 2019, cuando se rebasó la barrera de los 200.000 asuntos. El descenso en la entrada de asuntos percibidos en los juzgados murcianos no fue, sin embargo, tan acentuado como el que se vivió a nivel nacional y que sobrepasó el 12%, de acuerdo con el informe del Poder Judicial.

Con estos números, Murcia volvió a encaramarse al 'ranking' de los territorios con mayor actividad judicial. Con 120,8 asuntos por cada mil habitantes, la Región fue la tercera comunidad con mayor litigiosidad, solo superada por Canarias (154,1) y Andalucía (128,3). La presión en la Comunidad se encuentra a años luz de territorios como La Rioja y Extremadura, que cierran la tabla con tasas de 86,5 y 89,8, respectivamente. La ratio de litigiosidad media en el conjunto del Estado es de 116,5.

Durante este año marcado por la Covid y la paralización de la actividad judicial, también se redujo notablemente la cifra de asuntos resueltos. Concretamente, los juzgados lograron dar salida a 169.865 casos, un 9,9% menos que un año antes. A nivel nacional el batacazo en los asuntos resueltos fue más acentuado: un 14,1%% menos que en 2019.

El presidente del TSJ de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, destacó que «35.906 sentencias, 90.027 autos y 43.157 decretos dan cuenta del volumen de trabajo realizado durante 2020 por los órganos judiciales de la Región, a pesar de las circunstancias tan adversas provocadas por la crisis sanitaria».

Con este panorama -una elevada litigiosidad y una baja ratio de jueces por habitante-, la lentitud vuelve a situarse como uno de los principales lastres de la Administración y va a peor.

Los juzgados murcianos volvieron a colocarse entre los que más tardan en resolver un caso. Los murcianos son, después de los manchegos, los españoles que más deben armarse de paciencia para encontrar una primera respuesta a su demanda judicial. Con una media de 8 meses -en Primera Instancia-, los tiempos de respuesta en los tribunales murcianos son los segundos más elevados del país -solo por detrás de Castilla-La Mancha-, según el CGPJ. La espera media, además, aumentó un 19,3% en el último año.

Especialmente llamativa es la situación en los juzgados de lo Civil, donde los ciudadanos deben esperar de media 11,5 meses para obtener una primera respuesta a su demanda. La asociación española de abogados de familia (Aeafa) ya alertó hace unos meses de que en Murcia las demandas de medidas provisionales para regular la situación de una familia tras un divorcio ya se hacían esperar más de un año y que ello generaba «situaciones de violencia» en las familias. El tiempo medio de respuesta en esta jurisdicción, además, se disparó un 11,8%.

Con este panorama, la Sala de Gobierno del TSJ volvió a reiterar, en su informe, la necesidad de dotar a la Región de más juzgados. Concretamente, considera que deberían abrirse 16 nuevas unidades judiciales para una normalización de la planta judicial. Dentro de esta petición, el TSJ señala como prioritaria la creación de una plaza de magistrado en la Audiencia, tres juzgados de Instancia en Murcia, uno en Cartagena y sendos juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Lorca y Molina de Segura. Esta demanda llega tras la apertura, el pasado año, de cuatro nuevos juzgados (dos juzgados de lo mercantil de ámbito regional, un juzgado civil en la capital y un juzgado mixto en Molina de Segura).