Respaldo de 35 entidades al Pacto por la Justicia, que este miércoles se ve en la Asamblea

Un total de 35 entidades, asociaciones, organismos y colegios profesionales han colaborado en la redacción del Pacto por la Justicia de la Región de Murcia y han otorgado su respaldo al mismo, según señalan fuentes de la Comunidad Autónoma. La elaboración del documento ha contado con la participación de más de medio centenar de colectivos y agentes sociales y casi mil aportaciones de otros tantos ciudadanos

Las entidades formalmente adheridas al Pacto Regional por la Justicia son la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), las Cámara de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca; los colegios de abogados y de procuradores de Murcia, Cartagena y Lorca; el Colegio de Graduados Sociales, los colegios de notarios y registradores, el Consejo Económico y Social (CES), el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, la dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, las facultades de Derecho de la UMU y la UCAM, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Federación de Municipios de la Región de Murcia, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, el Sindicato Justicia y Progreso, la Federación Murciana de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios-Thader Consumo, la Asociación Murciana Víctimas del Terrorismo (Amuvite), la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), la Asociación Internacional Víctimas del Terrorismo (Aivit), la Asociación contra la Violencia Doméstica de la Región de Murcia (Avida) y Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La Asamblea Regional debatirá mañana, miércoles, una moción presentada por el Grupo Popular para que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma traslade al Ejecutivo central las necesidades que se recogen en el mencionado documento.

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