Repuntan las empresas sancionadas por incumplir la ley de contratos en el campo

La ley obliga a hacer públicas las sanciones impuestas por alguna irregularidad a la hora de formalizar los contratos en el campo o pagar el precio pactado. Desde entonces, 27 mercantiles tienen una multa por este motivo. El importe económico de los expedientes resueltos este 2024 asciende a 22.805 euros. Con el total de multas impuestas, esa cantidad se eleva a 87.800 euros si tenemos en cuentas todas las que aparecen en los documentos que publica la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Las últimas compañías señaladas por el Ministerio han sido Bodega Parajes del Valle (Yecla) con 1.800 euros de multa a pagar, J. García Carrión (Jumilla) con 3.601 euros y Frutas Esther (Abarán) con 3.001 euros, todas ellas por no formalizar por escrito los contratos que realizaron. Otras tres no cumplieron con los plazos de pago a sus proveedores en el campo: Oricieza (Cieza) con 3.001 euros; Frutas Mardel (Lorca) con 1.800 euros; y Diastic Group (Murcia) con 1.800 euros. Por último, la firma Bodegas Antonio Candela e hijos fue sancionada con 3.001 euros por «realizar modificaciones del precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes», recoge el último informe trimestral.

La primera hornada de expedientes cerrados por el Ministerio este año se saldó con solo dos multas, una por «no incorporar en el contrato alimentario el precio» fijado previamente, y otra con 1.800 euros, por «incumplimiento de los plazos de pago». En los últimos informes de la agencia de control del Ministerio, se habían reducido las empresas murcianas sancionadas, de ahí que sorprenda el repunte vivido en estos últimos tres meses.

Fuente consultadas remarcan que hay que tener en cuenta los plazos en los que se mantiene abierto el expediente sancionador, en qué época del año estamos y si esta coincide con la de mayor actividad en las relaciones entre comercializadoras o mayoristas y agricultores.

Aprobada en 2014, pero reformada en 2021, la Ley de la Cadena Alimentaria deberá pasar por otro cambio en su texto, como prometió el pasado mes de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en plenas protestas de las organizaciones agrarias, que demandaban reforzar el control sobre los contratos y evitar el abuso de las comercializadoras, distribuidoras y supermercados a los agricultores. En mayo, el Congreso de los Diputados aprobó tomar en consideración la Proposición de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que fue presentada por ERC. La iniciativa comenzará ahora su tramitación parlamentaria.

Los problemas de implantación de esta ley para controlar la industria alimentaria es una denuncia recurrente de los representantes agrarios, que creen que las prácticas abusivas con los productores se siguen dando a día de hoy.

El miedo a denunciar es otro inconveniente en la vigilancia de las ventas a pérdidas. Los mecanismos de control dependen de la Comunidad, que solo llevó a cabo tres inspecciones en 2022 para comprobar los contratos comerciales, el último año del que tiene registros la Agencia de Información y Control Alimentarios.

La firma que más sanciones se ha llevado es la jumillana García Carrión: 12.700 euros, aunque también hay de 6.000 o 5.700 euros. Ninguno de los expedientes abiertos es por venta a pérdidas, aunque sí por no reflejar en el contrato el precio pagado o no cumplir lo pactado.