El reparto del dinero del Fondo Covid vuelve a dejar a la Región de Murcia a la cola

Un nuevo reparto de dinero procedente de la Administración central, y un nuevo perjuicio para la Región de Murcia. Esta vez, el origen del enfado de la Comunidad Autónoma es el Fondo Covid-19 creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para compensar a las regiones por el gasto extraordinario realizado para combatir la pandemia y ayudarlas en el proceso de reconstrucción económica y social que se inicia ahora. Se trata de un fondo no reembolsable de 16.000 millones, de los cuales a la Región le corresponderían 377 millones, lo que supone 256 euros por habitante y deja a la Murcia la segunda por la cola entre las comunidades de régimen común.

Los datos proceden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, que ha realizado un cálculo de lo que le correspondería a cada comunidad tomando como base los criterios de reparto aprobados el martes por el Consejo de Ministros. Las más beneficiadas son Cataluña y Madrid, que se reparte aproximadamente el 40% de los 16.000 millones.

Según la Consejería, por cada cien euros que recibe de media un español de este fondo, un murciano va a obtener 74 euros. Si se compara con las comunidades mejor tratadas, el Gobierno regional recibirá por cada murciano 245 euros menos de lo que ingresará el Ejecutivo madrileño por cada uno de sus habitantes, 174 euros menos que un catalán (un 40% menos) o 160 menos que un riojano (un 38% menos).

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, calificó este miércoles de «maltrato manifiesto» el reparto de los fondos. «Rompe la equidad y el equilibro territorial», agregó. Celdrán culpa a Sánchez de realizar «una financiación a la carta en favor de sus socios de Gobierno y para acallar las críticas de los barones del PSOE», aunque ello ha favorecido a otras regiones gobernadas por el PP, como Madrid.

El Gobierno regional defendió desde un primer momento que la distribución más justa sería aplicar el criterio de población en un 100%, pero el Ministerio de Hacienda ha preferido dar peso en la ponderación a criterios sanitarios relacionados con los ingresos en la UCI y la realización de pruebas PCR, lo que perjudica a las comunidades que, como Murcia, se han visto menos afectadas por el coronavirus.

El Ejecutivo autónomo considera, por ello, que los criterios aplicados en la distribución del dinero suponen «un castigo a la buena gestión» realizada en la pandemia.

El Gobierno central accedió en el último momento a mejorar la ponderación de la población en el reparto, lo que le ha supuesto a la Región una mejora de unos 25 millones, aunque no la ha sacado de los últimos puestos en euros por habitante.

La situación del País Vasco y Navarra no es comparable con el resto de comunidades de régimen común, ya que disfrutan de un sistema fiscal especial que les permite una mejor financiación. Esta circunstancia explica que se les haya excluido de la parte del fondo destinada a compensar la caída de los ingresos tributarios.

De 500 a 377 millones

«Lo más justo hubiese sido hacer un reparto de acuerdo a un criterio poblacional, con el cual a la Región le hubieran correspondido 500 millones de euros, pero recibiremos solo 377», explicó el consejero. Lamenta que «esta injusticia» se suma a la que ya sufre Murcia con el actual sistema de financiación autonómica.

Fuentes del PSRM indicaron que hay que esperar a que el Ministerio concrete la cantidad que recibirá cada región y explicaron que «aplicar el criterio poblacional puro no tendría ningún sentido. Este fondo no es el modelo de financiación autonómica, sino una ayuda de emergencia desigual para paliar el impacto desigual de una pandemia. Por ejemplo, en otras ayudas como la de autónomos o el ingreso mínimo la Región sale beneficiada»

De acuerdo con lo aprobado por el Consejo de Ministros, 9.000 millones de los 16.000 se destinarían a gastos sanitarios, 2.000 millones a un fondo de educación y un tercer paquete de 5.000 para compensar la recaudación hundida. De esta última parte, 800 millones serán casi en exclusiva para Madrid, Cataluña y Canarias para compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte.