La Comunidad siempre ha ido a remolque de la Fiscalía en el caso de la desaladora

Encima de la mesa está un procedimiento de reintegro por alcance. La posible existencia de indicios de responsabilidad contable -que en última instancia podría poner en apuros a sus compañeros de partido, entre ellos Cerdá y quizás Valcárcel-, es lo que ha hecho que el Gobierno regional del PP apenas llevara la iniciativa en este asunto. Y ello pese a ser el denunciante formal ante el Tribunal de Cuentas, ya que no tuvo otra opción a la vista de los informes de la Intervención General de la Comunidad. En los últimos cinco años, los Ejecutivos de Pedro Antonio Sánchez y de Fernando López Miras, por contagio del anterior, han ido a remolque de la Fiscalía, como se desprende de la sentencia. Por el contrario, semanas antes de su salida del Gobierno, el expresidente Alberto Garre mostró una actitud más decidida para investigar el caso y depurar responsabilidades.

Aunque en el año 2015 remitió al Tribunal de Cuentas los informes de la Intervención, el Gobierno regional no ha llevado la iniciativa para que se investigue si se produjo daño para las arcas públicas y si hubo responsables a los que reclamar. Tal es así que fue el fiscal, y no la Comunidad Autónoma, quien recurrió en casación ante el Tribunal Supremo contra el archivo del procedimiento contable. Lo único que hizo la Comunidad fue no oponerse a la impugnación del Ministerio Fiscal. Habría sido incomprensible que apoyara el archivo estando en juego el dinero de los murcianos.

También fue el fiscal, y así consta en la sentencia, quien solicitó con anterioridad la suspensión de la vía contable hasta conocer el sumario del 'caso La Sal' abierto contra una quincena de altos y ex altos cargos de la Comunidad, entre ellos Antonio Cerdá. Recientemente se abrió una pieza separada para investigar al expresidente Valcárcel. En ambos procesos se personó la Comunidad.

La Administración regional «se adhirió» a la suspensión que pidió la Fiscalía, que iba marcando el paso. No hizo lo mismo el abogado de la mercantil Desaladora de Escombreras, Andrés Arnaldos Cascales, que solicitó que no se incoara expediente. Es decir, pese a tratarse de una empresa pública autonómica, su representante actuaba contra los intereses de la Comunidad, que es la que paga. Fue la razón por la que se prescindió de sus servicios y se unificaron las dos defensas en la Dirección de los Servicios Jurídicos, como se publicó en su día.

Una vez abierto el procedimiento contable, la instructora del caso se dirigió en octubre de 2016 al Gobierno regional -entonces dirigido por Pedro Antonio Sánchez- para que le remitiera las identidades (domicilios y DNI) de los altos cargos que formaron parte de los consejos de administración del Ente Público del Agua y de la empresa instrumental Hidronostrum. No consta que el Ejecutivo remitiera esa información detallada que podía comprometer a militantes del PP y miembros del Gobierno entre los años 2006 y 2010.

Al hilo de lo anterior, y de la posibilidad de que el propio denunciante no facilitara toda la información requerida, la instructora concluyó que no existía responsabilidad contable, reseña el Supremo. Llama asimismo la atención la velocidad con la que actuó la consejera de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas: un mes después de que venciera la suspensión solicitada por la Fiscalía y la Comunidad, que no formularon más alegaciones, se dictó un auto dando carpetazo al asunto, el cual ratificó la Sala del Tribunal de Cuentas. En ese momento, el Gobierno regional podría haber pedido otro aplazamiento, pero no lo hizo. Fue siempre a la sombra del fiscal.

La pelota está en el tejado del Ejecutivo regional y la Fiscalía. La situación política es ahora diferente, con López Miras gobernando con Ciudadanos, y el socialista Pedro Sánchez en La Moncloa.