Cs facilita a Miras optar a la reelección a cambio de remodelar el Ejecutivo

Ciudadanos registró ayer en la Asamblea la proposición de ley que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, lleva esperando desde el comienzo de la legislatura. La iniciativa de la formación naranja reforma la Ley del Estatuto del Presidente y el Consejo de Gobierno para limitar a un máximo de ocho años la permanencia del jefe del Ejecutivo y los consejeros en sus respectivos cargos. La modificación legal habilitaría a López Miras para ser reelegido en 2023, siempre que su partido lo designe candidato en las próximas elecciones autonómicas y los votantes le den su confianza. Tal y como estaba redactada ahora la norma, Miras no podía ser investido más veces por la Cámara, pues la barrera era de dos mandatos, durasen lo que durasen estos.

Cs cumple así al pacto de gobierno suscrito con el PP en 2019, que incluía en su artículo 5 acotar a ocho años la permanencia en sus puestos del presidente y los consejeros. El movimiento de Ciudadanos tiene una clara intencionalidad política, pues se pretende que Fernando López Miras responda ahora a este gesto de sus socios de coalición acometiendo la remodelación en la facción naranja del Ejecutivo autónomo que le demanda desde hace semanas la coordinadora regional de este partido y consejera portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal. Los cambios pasan por el ascenso de esta a la Vicepresidencia en detrimento de Isabel Franco, así como una redistribución de competencias.

El texto presentado por Ciudadanos añade una disposición final que establece el 1 de enero de 2023 como fecha de su entrada en vigor. El objetivo es evitar que el presidente, una vez que tiene garantizada la posibilidad de una tercera reelección, caiga en la tentación de adelantar las elecciones y aprovechar las malas expectativas de Cs -expresadas en las encuestas y en los últimos resultados en Cataluña- para reducir su influencia política. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia impide la opción de disolver la Asamblea Regional y convocar comicios anticipados en el último año de legislatura.

No obstante, fuentes del PP aseguran que la opción del adelanto electoral nunca ha estado encima de la mesa del jefe del Ejecutivo regional, y menos en esta situación de pandemia. Recuerdan los populares que, en caso de celebrarse comicios antes de tiempo, la Región tendría que celebrar de nuevo elecciones autonómicas el último domingo de mayo de 2023 al ser una comunidad de régimen general.

La limitación de dos mandatos fue aprobada en la Asamblea en 2014 por iniciativa del Gobierno de Alberto Garre. De forma oficial, se justificó la medida desde el punto de vista de la regeneración democrática, pues la Región acababa de poner fin a 19 años consecutivos de Ramón Luis Valcárcel en el palacio de San Esteban. Pero también era una jugada política, pues el expresidente se autolimitaba hasta 2019 y se lo ponía fácil a su entonces partido, el PP, para apostar entonces por un nuevo líder más joven.

Por eso el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, señala en la exposición de motivos de la proposición de ley que la filosofía de la limitación de mandatos era realmente que un presidente de la Comunidad no pudiera estar en el cargo más de ocho años, en la línea del sistema político de Estados Unidos. Alude Juan José Molina a los discursos que se pronunciaron en la Cámara cuando se debatió la reforma hace siete años.

Además, argumenta la formación naranja que, desde que fue aprobado el cambio en la Ley del Estatuto del Presidente, «la realidad política e institucional ha variado considerablemente; hay más grupos presentes en el Parlamento y hemos visto que no es infrecuente que las legislaturas sean cortas, tengan que verse reducidas o se multipliquen los procesos electorales».

Para que la propuesta legislativa se apruebe en la Asamblea, se necesita mayoría absoluta. Es decir, que PP y Cs precisan del apoyo de otro partido para poder sacarla adelante. PSOE y Podemos anunciaron ayer su voto en contra. El viceportavoz, Francisco Lucas, considera «vergonzoso» que la urgencia del Gobierno regional «sea ahora limitar los mandatos, cuando ya hay una ley, aprobada por unanimidad, que deja bien claro el asunto». Javier Sánchez Serna, coordinador de Podemos, cree que la maniobra supone «cambiar las reglas del juego a mitad del partido».

Así que a los socios de gobierno solo les queda la opción de Vox. El grupo parlamentario está dividido entre los tres diputados que ya no pertenecen al partido y el que aún está sometido a las órdenes de Abascal, Pascual Salvador. El portavoz de los primeros, Juan José Liarte, señala que «ve razonable» la reforma, aunque todavía no había tenido tiempo de analizarla. El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, advierte de que el apoyo de su diputado «no saldrá gratis». «La pregunta que me hago es si todos los representantes de Cs votarán lo mismo», apunta Antelo. Y es que Isabel Franco, la gran perjudicada por la remodelación del Gobierno que seguiría a la aprobación de la proposición de ley, tiene que apoyar esta.