La Región de Murcia figura entre las autonomías más transparentes con los fondos de la UE

El Tribunal de Cuentas alerta en su último informe de que la mayoría de las comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y pide a las regiones una mejor planificación estratégica. Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo las comunidades, y recomienda cambios para gestionar de forma ágil los proyectos.

En cuanto a la transparencia, el órgano fiscalizador resalta que, a pesar de que todas las comunidades han habilitado webs propias sobre la gestión de los fondos, solo ocho han publicado datos referidos a las actuaciones que ha desarrollado durante 2022: Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, sumándose en 2023 Castilla-La Mancha y Madrid.

Por lo general, según el organismo, las comunidades autónomas podrían haber coordinado mejor el control de las inversiones y las reformas, poniendo como ejemplo a Canarias, Asturias, Navarra y Murcia por haber elaborado plantillas homogéneas para que todas las administraciones expliquen sus proyectos.

También señala la importancia de que los gobiernos autonómicos planifiquen más detalladamente las necesidades de recursos humanos para le gestión de los fondos. Según el Tribunal de Cuentas, la ejecución y seguimiento de los fondos genera «un significativo incremento» de la carga de trabajo, para lo que se requiere personal «cualificado y suficiente». La autoevaluación que deben hacer las comunidades sobre su gestión de los fondos no se ha realizado con un proceso «ordenado, coherente y comparable» para identificar y corregir riesgos de gestión, según recoge el informe. La excepción en esta materia son Asturias, Cataluña y Extremadura.

El Tribunal de Cuentas también advierte de que las comunidades y ciudades autónomas no han establecido «criterios comunes» en los test de autoevaluación para que se pueda comparar entre sí la gestión de los fondos.

En cambio, las gobiernos autonómicos sí que han reforzado sus mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude a través de la aprobación de planes de medidas antifraude, alabados por el Tribunal de Cuentas.

Además, las comunidades han introducido sistemas de codificación específica para cada inversión o reforma y poder realizar así el seguimiento de los fondos. También han adaptado sus sistemas de información sobre la ejecución de las reformas a la normativa establecida por el Gobierno central. A pesar de ello, el órgano recomienda a los gobiernos autonómicos que lleven a cabo una mejor planificación de los fondos europeos, que coordinen las necesidades de personal para fiscalizarlos y que mejoren la información publicada al respecto. También pide que mejoren el proceso de autoevaluación y que establezcan criterios comunes para valorar más fácilmente el progreso de cada una de las administraciones.

El tribunal ha aprobado el primero de una serie de informes de fiscalización que abordarán, en distintas fases y en los próximos años, la implementación, la ejecución y la evaluación de los fondos 'Next Generation'.

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