La Región: una isla social

Probablemente en esta anomalía pesa una cultura mediterránea que ha asumido tradicionalmente que son los cuidados informales de las mujeres los que han de hacerse cargo de esta atención. Dos datos ilustrativos. En España solo un 8% de los mayores de 65 años que requieren cuidados están en residencias, frente al 20% de Francia o el 42% de Países Bajos. El otro es que el 57% de las personas mayores de 65 años con necesidad de cuidados es atendido en un entorno puramente informal, frente al 14% de Países Bajos, el 24% de Francia o el 36% de Alemania. Estas cifras son posibles debido a una importantísima brecha de género: un 42% de las mujeres que no trabajan fuera de casa declaran que es debido a responsabilidades derivadas de cuidados, adultos o infantiles, frente a un 6% de los hombres.

Desde hace al menos dos décadas venimos desarrollando en España una serie de reformas legislativas para que los cuidados vayan progresivamente siendo asumidos por el Estado. En estos años se han detectado importantes dificultades en su financiación y gestión, la coordinación entre las administraciones o en el modelo residencial y de atención domiciliaria. Profesionales e instituciones venían reclamando desde hace años cambios en profundidad del sistema aunque, hasta ahora, por motivos de oportunidad política, siempre habían sido aplazados.

Uno de los problemas detectados es la desigualdad entre comunidades autónomas, con la Región de Murcia siempre a la cola. A pesar de tener los peores indicadores de pobreza, calidad habitacional, salud percibida, años de vida con buena salud, incapacidad o mortalidad por demencia, Murcia es una de las autonomías que menos fondos propios dedica a la dependencia y cuidados de larga duración (quinta posición por la cola en gasto medio por beneficiario). Además, gestiona mal: en 2021 fuimos una de las siete comunidades donde aumentaron las listas de espera en dependencia y la cuarta más 'lenta' (tiempo medio de 573 días) desde la presentación de la solicitud hasta la resolución de la prestación. Estas frías cifras son incapaces de trasmitir el extraordinario sufrimiento cotidiano de miles de personas vulnerables que viven en domicilios sin la adecuada atención o no pueden acceder a las insuficientes, además de mal financiadas, plazas de centros de día o de residencias existentes. Desde hace décadas, la Región de Murcia se aleja de las políticas sociales más avanzadas de España y Europa.

Este contexto era el propicio para que la pandemia hubiera tenido un efecto devastador en nuestra fragilizada estructura de protección social. Sin embargo, con la cooperación y esfuerzo de todos los actores implicados –administración municipal, regional y central, consejerías de política social y de salud, empresas, ONG e infinidad de profesionales– se ha evitado la catástrofe. Esta experiencia y el aprendizaje asociado había creado la confianza, generalizada en la sociedad, las familias, los usuarios y entre el colectivo profesional y técnico, de que se iba a superar el frentismo político, la persecución ideológica y la falta de cooperación entre administraciones, al menos en todo lo que tuviera que ver con la atención a las personas dependientes y los cuidados de larga duración.

Una vana ilusión. En la Región se desmanteló, sin que hubiera una alternativa, CORECAAS, un equipo multidisciplinar creado durante la pandemia para atender desde el SMS el ámbito sociosanitario y residencial, avalado por su desempeño, la confianza del sector y su capacidad de generar conocimiento e innovación. Una depuración política vendida como estrategia de gestión. Ahora, el Gobierno de la Comunidad rechaza la esperada y siempre postergada reforma del sistema de cuidados de larga duración propuesta por el Ejecutivo central, con unos objetivos que gozan de un amplio consenso técnico y acompañada de financiación estatal y europea. Para desestimar una iniciativa política de este calado social y, diría, moral, se ha de tener un plan alternativo. No lo hay. La propuesta regional es seguir con las mismas condiciones que, en parte, causaron los terribles efectos de la pandemia en las residencias. Y es que los dependientes y las personas mayores institucionalizadas ya no son noticia; vuelven a no importar. Aquí acaba la esperanza e ilusión generadas por el esfuerzo colectivo realizado ante la pandemia. Tanta muerte y sufrimiento han sido inútiles. Vuelve a primar la acción política destructiva y estéril sobre la búsqueda de la equidad y el bienestar de las personas más vulnerables. La Región de Murcia se consolida, por incompetencia y sesgo ideológico, como una isla social.