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LA VERDAD
Miércoles, 11 de marzo 2020, 13:22
Con motivo de que este año acaba la vigencia de la Estrategia de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que nació en la Región de Murcia en 2016, el Gobierno regional «evaluará qué ha funcionado bien para seguir aplicándolo y avanzaremos en la importante labor de mantener viva la llama del recuerdo», aseguró el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán este miércoles. Esta estrategia, inédita en España, fue consensuada con las asociaciones de víctimas y contempla 81 medidas que recogen las ayudas y actuaciones concretas, distinciones, indemnizaciones por daños físicos y psíquicos, reparación de daños materiales o prestaciones asistenciales y subvenciones, entre otras.
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se reunió este miércoles con representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo con implantación en la Región de Murcia, con motivo del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, con quienes se comprometió a «trabajar de la mano para poner en marcha nuevas actuaciones, especialmente en el ámbito de la concienciación social, para que no se olvide a las víctimas del terrorismo», destacó Celdrán.
Se trata, por tanto, de una herramienta que integra todas las medidas de apoyo integral y reconocimiento de la memoria de las víctimas del terrorismo y de sus familias «y que refleja el compromiso del Gobierno regional y de toda la sociedad murciana con quienes han padecido de manera directa o indirecta la barbarie terrorista en España o en la Región de Murcia», dijo Celdrán.
A la reunión, que tuvo lugar en el Palacio de San Esteban, asistieron representantes de la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo (Amuvite), la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo (Aivit) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), junto a quienes el Gobierno regional denunció que «hay quien pretende que se deje de hablar del terrorismo, pero lo que tenemos que hacer es seguir reivindicando la memoria, la fortaleza y, por supuesto, también la acción concreta de las instituciones, de la Administración del Estado y las administraciones regionales para no blanquear a los que todavía hoy pueden representar a los herederos de los terroristas».
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