El TSJ de la Región adelanta la reactivación de los juzgados al 4 de junio

La reactivación de los juzgados arrancará, probablemente, antes de lo previsto. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) actualizó ayer el calendario del Plan de Desescalada y Reactivación de la Actividad Judicial al que dio luz verde hace unas semanas. Aunque inicialmente estaba marcado el 10 de junio como posible fecha de arranque, el tribunal modificó sus cálculos ayer e iniciará la actividad el 4 de junio, día en el que está previsto que se levanten los plazos procesales.

El TSJ explicó que, según el acuerdo alcanzado en la reunión extraordinaria de este lunes, «todas las citaciones para actuaciones programadas a partir de esa fecha deberán ser atendidas con normalidad por profesionales y usuarios, salvo en el caso de previa y expresa desconvocatoria o modificación de la misma por parte del órgano judicial, servicio, oficina o dependencia convocante». Las oficinas judiciales extremarán el cuidado para que, en caso de suspensión de actuaciones programadas, esta sea comunicada a todos los participantes convocados.

El Plan de Desescalada es una hoja de ruta que recoge más de un centenar de actuaciones y con la que el TSJ tratará de parar los pies a una avalancha de asuntos que amenaza con llevar al colapso unos juzgados que tradicionalmente se sitúan entre los más saturados del país.

En este plan el tribunal marca la senda a seguir en las próximas semanas en cuanto a la incorporación progresiva de su plantilla. Actualmente, unos 400 funcionarios, de los 1.292 con los que cuenta la Administración de Justicia en la Región, han regresado a sus puestos. Un equipo al que en la Fase 2, que arrancó este lunes, está previsto que se una ya entre el 60% y el 70% de los funcionarios y que alcanzaría el 100% en la Fase 3. El TSJ abre la puerta a los turnos de mañana y tarde y a la movilidad de funcionarios de acuerdo a las necesidades de los órganos, pero siempre dentro del mismo municipio y la misma jurisdicción.

Este plan también prevé medidas para acondicionar las sedes judiciales a la crisis, como el reforzamiento de los servicios de limpieza para las zonas comunes, el uso de una señalética y la desinfección de las salas de vistas entre juicios. También sugiere «la intercalación de actuaciones presenciales y telemáticas».