Los regantes pasan del «terror» al «alivio» con la subvención estatal al agua desalada

Los regantes del Trasvase han pasado en pocas horas del «terror» al «alivio» por el coste del agua desalada. El Sindicato de Regantes (Scrats) recibió ayer «positivamente» el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que subvenciona este recurso con el fin de paliar los efectos de la sequía durante este año. Básicamente se reduce la tarifa que estaban pagando en el anterior ejercicio, que rondaba los 59 céntimos por metro cúbico, con el agua puesta en el canal de las comunidades de regantes. Ahora serán aproximadamente 45 céntimos desde Torrevieja, explicó Lucas Jiménez, presidente del Scrats.

Es cuatro veces más cara que el agua del Trasvase, pero muy por debajo de los 81 céntimos que ofertó Acuamed en noviembre, y de los 2,2 euros que podría alcanzar este año. De esta forma, los regantes del Levante no tendrán que soportar por ahora las repercusiones de los costes astronómicos de la subida de la electricidad, que es lo que más temían. A falta de conocer la letra pequeña, la tarifa base será de 34 céntimos en Torrevieja, 41 en Águilas y 37 en Valdelentisco, plantas que gestiona la sociedad estatal Acuamed. A esto hay que sumarle el IVA, la pérdidas y los peajes en cada caso. La última vez que el Gobierno central subvencionó el agua desalada fue en los años 2015 y 2016, mediante decretos de sequía, con un precio base de 30 céntimos, cuando el coste energético era muy inferior.

El real decreto ley contiene un conjunto de medidas urgentes de apoyo al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada de sequía, que compromete las producciones. Las medidas aprobadas, que competen a seis ministerios, se inscriben en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico, y tienen como objetivo «contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en un contexto de dificultades acumuladas por la subida de los precios de insumos y materias primas», dijo en La Moncloa el ministro de Agricultura, Luis Planas. Este paquete de medidas está cifrado en 450 millones de euros, y constituye «un elemento más que el Gobierno pone a disposición del sector agrícola y ganadero para fortalecerlo frente a las dificultades para que siga suministrando alimentos», añadió.

El Gobierno explica que subvenciona la desalación para poder disponer de recursos «en este momento crítico y no perder una parte importante de la producción del regadío del sureste español», por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica establece «unas tarifas asumibles». Para el Trasvase Júcar-Vinalopó se fijan 29 céntimos en el punto de toma.

Lucas Jiménez indicó que la decisión del Consejo de Ministros permite «activar el agua desalada». Los regantes del Trasvase comprarán el próximo trimestre los recursos que genere Acuamed, sobre todo en la planta de Torrevieja, para afrontar la sequía. Ayer por la mañana, horas antes del Consejo de Ministros, Jiménez transmitió que las comunidades de regantes están «aterrorizadas» con el precio final que tengan que pagar, que podría escalar a final de año a los 2,5 euros por metro cúbico. Explicó que los contratos de Acuamed estipulan que los precios se actualizan al finalizar cada ejercicio en función del coste energético. En este sentido, dijo que podían producirse puntas diarias de hasta 4 euros el metro cúbico, «algo totalmente inasumible, por lo que podría ser peor el remedio que la enfermedad», y que supondría la quiebra de algunas comunidades. Con los precios de la energía, insistió, se produciría «un suicidio por adelantado».

Tras una reunión en la Consejería de Agricultura para pedir medidas contra la escasez, Jiménez consideró urgente exenciones en la tarifa, algo que el Consejo de Ministros aprobó horas después. En paralelo, sigue la negociación sobre los nuevos convenios para ampliar la desalación.

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