Los regantes pagarán más por el agua si incumplen el 'vertido cero' al Mar Menor

La puesta en práctica del plan de 'vertido cero' al Mar Menor, la letra pequeña del documento aprobado por el Ministerio para al Transición Ecológica, prevé penalizar a los regantes del Campo de Cartagena con tarifas más elevadas de agua si no cumplen algunas medidas. Asimismo, se expropiarán terrenos para controlar las escorrentías y los sedimentos que acaban anegando la laguna, al tiempo que se transformará la franja litoral con infraestructuras y usos menos impactantes. De forma paralela, para aprovechar el agua de los pozos y drenar el acuífero se construirá una red compleja de 200 kilómetros de conducciones.

Estas son algunas de las actuaciones, al detalle, contenidas en el proyecto informativo del 'vertido cero' elaborado tras el periodo de exposición pública, al cual ha tenido acceso 'La Verdad'. El documento muestra asimismo que la financiación que corresponde a la Comunidad Autónoma asciende a 374 millones de euros, el 58% del total; aunque el Gobierno regional discrepa y sostiene que su aportación es de unos 75 millones. Los otros 300 se los atribuye a la Confederación Hidrográfica y a la iniciativa privada.

En lo que atañe a la mejora de la fertilización mineral y orgánica -reduciendo las dosis-, que está relacionada con el mantenimiento de la agricultura ecológica, el documento subraya que a «aquellos agricultores que no cumplan con los requisitos establecidos se les deberá incrementar la tarifa del agua». Recuerda asimismo que hay que aplicar «el principio del que contamina paga», y trae a colación la normativa sobre tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos, así como los instrumentos para la recuperación de costes previstos en la ley de Aguas.

En este sentido, señala que hay que trasladar sobre los usuarios de determinadas obras hidráulicas los costes de inversión a través de cánones y tarifas, que pueden sustituirse por un tributo basado en la disponibilidad de agua. Las dos medidas más costosas -sobre un total de 21-, como son la extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero y para el aprovechamiento de pozos, tienen un coste de 206,8 millones que deberán sufragar la CHS, la Comunidad y los regantes. Las actuaciones prevén la construcción de 200 kilómetros de nuevas conducciones, que incluyen una red de drenaje perimetral y los conductos que llevarán el agua de los pozos a las plantas de tratamiento para su desnitrificación. En ningún caso el Ministerio prevé construir un nuevo salmueroducto, como reclaman los regantes; y tampoco utilizar las desalobradoras privadas, que están totalmente prohibidas.

Otras actuaciones relevantes afectan al control de las escorrentías y el transporte de sedimentos contaminados, tanto en las parcelas como en la cuenca vertiente del Mar Menor, valoradas en 68 millones de euros y que tienen que ser ejecutadas por la Comunidad Autónoma y los regantes. El plan propone un estudio más exhaustivo de las terrazas y bancales existentes. A efectos prácticos, se construirán estructuras de tierra para la retención de escorrentías con una superficie media de 30 hectáreas, además de diques para frenar sedimentos y laminar avenidas. El plan advierte de que estas actuaciones «supondrán la ocupación de terrenos de titularidad privada», y que habrá expropiaciones forzosas, ocupaciones temporales o modificación de servidumbres. No especifica el volumen de terrenos que pueden verse afectados.

A la hora de discernir el ámbito de actuación, la Confederación Hidrográfica del Segura sostiene que «no tiene competencias en materia de drenaje agrícola, por lo que la responsabilidad de ejecución de las obras recae en los titulares de las explotaciones». Se hace mención expresa de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, que tendría que sufragar los 52,7 millones de euros que cuesta la adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola. El documento se basa en un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Cartagena, el mismo al que se remiten los regantes, aunque existen discrepancias sobre quién tiene que pagar y el ámbito de actuación, ya que aquellos diferencian entre una rambla o cauce natural, y una parcela privada.

Por último, en relación a la integración ambiental de los usos (navegación, turismo, pesca y actuaciones costeras), se plantean alternativas con un grado máximo de restricción, las cuales requieren un desarrollo. El objetivo es una «transformación sustancial de la franja litoral del Mar Menor». Algunas de estas propuestas ya vienen recogidas en la ley de medidas urgentes del Mar Menor que aprobó la Asamblea.