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El desbloqueo a la gestión de los acuíferos del Campo de Cartagena no termina de llegar para los titulares de los aprovechamientos de aguas subterráneas del entorno del Mar Menor. Las comunidades de usuarios de las masas de agua Cuaternario y Andaluciense llevan constituidas varios meses ... sin que todavía se haya celebrado una reunión con los regantes autorizados a extraer agua para comenzar a tratar qué va a pasar con ambos acuíferos. Los censos tienen registrados de forma oficial 1.412 pozos regulados, pero la contaminación por nitratos y la salinidad del agua hacen testimonial el volumen de agua que se usa para regar o dar de beber a los animales.
Ambos acuíferos están a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Segura presente a los regantes los programas de actuaciones que regularán las extracciones y usos del agua subterránea, algo previsto para finales del año pasado, pero todavía no hay noticias. El presidente de la junta de usuarios del Cuaternario y dirigente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, Manuel Martínez, no entiende el retraso e insta a la Confederación a plantear ya una cita para poder avanzar en la gestión de los acuíferos.
La particularidad de la comunidad que él preside es que por el mal estado del agua, con niveles de nitratos que no descienden pese a las medidas cautelares que deben cumplir los agricultores en la cuenca vertiente, «no está nada claro qué soluciones pretende la CHS que tomemos». El hecho de tener declarado en riesgo químico el acuífero «es que afecta a todo tipo de actividad sobre el Cuaternario: agricultura, ganadería, ayuntamientos, golf...; hay que ver qué hacemos con todo esto».
En el caso del acuífero Andaluciense, el problema es cuantitativo, por lo que la regulación iría encaminada a reducir previsiblemente el volumen autorizado a los regantes para bombear agua. El presidente de esta junta de usuarios es José María Pérez Sánchez, alcalde de Pilar de la Horadada (Alicante), titular de varios pozos que 'beben' de esta masa de agua.
La contaminación del Cuaternario, unido a la prohibición de usar desalobradoras, ha conllevado que en los últimos años no se llegue a extraer, por ejemplo, más de un cuarto del volumen autorizado para los pozos de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, según datos de la CHS. Este recurso, en caso de usarse, se suele mezclar con agua de otras procedencias como la desalada o la del Trasvase para mejorar la calidad, pero en ocasiones no se llega a emplear «ni un 4% en las zonas más cercanas al Mar Menor, donde más conductividad hay en el acuífero (medida que cuantifica la concentración de sal en el agua).
Martínez señala ser consciente de que la gestión de este acuífero es un «problema» por la guerra política que hay detrás. El Ministerio para la Transición Ecológica es reticente a bombear agua para riego, incluso si se construyera una planta desnitrificadora como estaba proyectada en El Mojón. «Este acuífero no se va a recuperar de la noche a la mañana» y recuerda que a partir de 2027 ya se están planteando «objetivos menos rigurosos» en acuíferos muy degradados o con presión constante de la actividad humana, como adelantó LA VERDAD.
«Extraer agua no es complicado», dice, pero lo complejo es tratarla. Por ello, el dirigente vuelve a ofrecer que la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena se haga cargo de la inversión de la planta «como concesionarios del agua subterránea», y también para desalobrar. Martínez sí pone de manifiesto que ha existido un consenso entre la CHS y las dos nuevas directivas de las comunidades a la hora de elaborar las ordenanzas, «sólo falta que convoquen las nuevas juntas generales de usuarios para que podamos negociar qué hacer con el acuífero».
La Confederación, preguntada por este periódico sobre la situación de los dos programas de actuaciones y las reuniones pendientes, no ha respondido.
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