Los regantes informan al Supremo que el recorte del Trasvase también podría afectar a la población

Esta solicitud forma parte del recurso contra el Plan del Tajo presentado por el Scrats, que basa también gran parte de sus alegaciones en el dictamen del Consejo de Estado que advirtió sobre la descoordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura. Asimismo, el Sindicato que preside Lucas Jiménez ha aportado otros informes del ingeniero Francisco Cabezas y del catedrático Joaquín Melgarejo sobre las pérdidas y repercusiones socioeconómicas para el Levante que conlleva el recorte del Trasvase.

Los regantes destacan que una merma de las transferencias de entre 75 y 100 hectómetros cúbicos anuales pondría además en riesgo el agua para abastecimientos, ya que en los años secos no se trasvasaría nada. Sobre la base de estos estudios, así como de las previsiones recogidas en el Plan de Cuenca del Segura, algunos años habría incluso dificultades para abastecer a la población.

El informe del profesor Antoni Palau destaca que el estado ecológico de las masas de agua afectadas por el Trasvase «no se verá en absoluto alterado por la suspensión del régimen de caudales ecológicos mínimos», razón por la cual sostiene que el Supremo puede ordenar que se paralice la aplicación del Plan del Tajo, que ha elevado el caudal mínimo a 7 m3/s; al que seguirán nuevos incrementos en los años 2026 y 2027 hasta llegar a los 8,6m3/s. Sostiene el informe que el mantenimiento del caudal mínimo de 6 m3/s «es una opción que no perjudica el estado potencial ecológico actual de las masas de agua en el tramo de río considerado, y se ajusta a los requerimientos que establece la Instrucción de Planificación Hidrológica en materia de caudales mínimos».

El Scrats considera que se debe suspender de forma inmediata el nuevo régimen de caudales atendiendo al interés público y a los graves efectos que causa en el Trasvase y en el tejido socioeconómico del Levante. Basa también su recurso en el dictamen del Consejo de Estado que aprecia «una falta de coordinación» entre los planes del Tajo y del Segura que el Ministerio no solventa, y que puede provocar «una afección relevante» al acueducto.

El Consejo de Estado también advirtió de que se deben «establecer unos criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas».

El recurso señala igualmente que se provocarán «daños irreparables» en las zonas receptoras, según un reciente estudio del director del Instituto Euromediterráneo del Agua, Francisco Cabezas. Señala que las mermas no son lineales y pueden variar año a año. Para el periodo inicial se estima una disminución de 26 a 31 hectómetros al año. Para los siguientes escalones, la merma llegaría a 84 hectómetros, a los que habría que añadir 15 de la Tubería Manchega para atender las demandas de Ciudad Real. El ingeniero Cabezas concluye que la merma inducida sería de 100 hectómetros, la cual califica de «muy significativa y con graves impactos adversos de toda índole», que sería soportada fundamentalmente por los usos de regadío, con pérdida de empleos y hectáreas. Entre los impactos se incluye el daño medioambiental en la cuenca del Segura.

El Scrats indica en el recurso hídrico sustitutivo «no existe a fecha de hoy, ni se puede conseguir a medio plazo, ni siquiera a largo». Considera que el Ministerio «no dispone de tiempo suficiente para proyectar, construir y poner en funcionamiento nuevas instalaciones desaladoras». Critica además el elevado precio y la necesidad de mezclar estos caudales.