Los regantes encienden las alarmas porque temen quedarse sin pozos de sequía

Los regantes del Trasvase se enfrentan a un nuevo año hidrológico cargado de incertidumbres y reivindicaciones, con varios frentes abiertos. Por un lado lo que califican de trato discriminatorio por parte del Ministerio al no poder participar en la comisión técnica que decide las transferencias de agua al Levante, y que hoy se reúne en Madrid con la asistencia por vez primera de un representante antitrasvasista de los municipios ribereños; y, por otro, encienden las alarmas ante la posibilidad de que el Gobierno central no prorrogue el decreto de sequía, lo cual privaría de ayudas y exenciones a los usuarios.

Tras la reunión de su junta de gobierno, el presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats), Lucas Jiménez, alertó de que si no se prorroga el decreto de sequía, «va a ser inviable mantener en explotación a partir del 1 de octubre todas las baterías de pozos. Eso implica que no vamos a tener agua ni en cabecera ni en la Vega Media», lo que «traerá consigo el enclaustramiento del agua desalada en Torrevieja», advirtió. Los pozos de emergencia y la desalación son los principales complementos al Trasvase.

«Necesitamos agua en las arterias y en cabecera, y que los pozos de sequía estén funcionando el 1 de octubre, y eso solo lo puede habilitar la prórroga del decreto, en vigor desde el año 2015», recalcó Jiménez. También mostró sus dudas sobre la producción de agua desalada de la planta de Torrevieja y su coste. «Los convenios hasta ahora han sido posibles gracias a la existencia del real decreto de sequía», apostilló.

Recordó las exenciones vinculadas a este decreto, que se han aplicado también a los abastecimientos. Si no se mantiene el decreto, obligará a los regantes a pagar un fijo de 13 millones de euros anuales, mientras que el resto de usuarios (dos poblaciones de Albacete, 34 de Alicante, 43 de la Región y 13 de Almería) deberán pagar otros 6 millones a las comunidades de la cuenca del Tajo.

En cuanto a la reunión de la Comisión de Explotación del Trasvase, prevista para hoy en el Ministerio, cabe la posibilidad de que se recorte el envío para los regadíos durante este mes -incluso de que no se mande agua a este sector- en el caso de que haya que auxiliar al parque nacional de las Tablas de Daimiel. Solo se podrá derivar un máximo de 20 hectómetros para todos los usos, y los medioambientales tienen prioridad sobre los regadíos.

Jiménez animó a las comunidades de regantes y a los 90 ayuntamientos que dependen del Trasvase a que pidan al Ministerio ser invitados a la Comisión de Explotación, como ha hecho con los municipios ribereños del Tajo. El Scrats lo consideró «discriminatorio y arbitrario». Jiménez dijo que el alcalde de Sacedón acude en calidad «de algo que no es», al haber sido invitado como asesor. «No sé de qué conocimientos dispone el alcalde de Sacedón, pero no tiene ningún interés directo en que se apruebe ningún trasvase . Tiene una animadversión muy clara hacia el Tajo-Segura», apuntó. «Podemos hacernos una idea de cuáles van a ser los asesoramientos que va a efectuar».